La entidad advirtió además, que el nivel de rentabilidad en estas Economías Regionales “es nulo o directamente negativo” y en algunos casos, inclusive, los costos de producción superan por amplio margen los precios que reciben los productores.
“El impacto fiscal de la suba de retenciones a las Economías Regionales es insignificante para el Estado y, a su vez, muy representativo para el interior productivo que genera miles de empleos en mano de obra intensiva”, explicaron desde la entidad.
En este sentido, el aporte de las Economías Regionales al Tesoro en concepto de derechos de exportación rondará este año los 520 millones de dólares con la tasa de entre 3 y 4 pesos por dólar exportado que aplicó el anterior gobierno en 2018.
Un dato clave que remarca CAME para comprender la necesidad de un trato impositivo diferencial surge del Censo Nacional Agropecuario preliminar del INDEC: de las 250.881 explotaciones rurales que existen en el país, un 63% corresponden a Economías Regionales.
Un reciente relevamiento realizado por la entidad en 18 complejos agroalimentarios de las 23 provincias argentinas revela que actualmente menos de la mitad de los productores de Economías Regionales tiene rentabilidad positiva.
Dicho informe muestra también que un 31% de los productores de este sector tiene expectativas positivas de cara al corto plazo, mientras un 43% espera un futuro regular y, por último, un 23% cree que lo que vendrá será malo.
Entre las principales demandas de los productores se destacan, entre otras: acceso al financiamiento a tasas razonables; tarifas eléctricas diferenciales para las pymes; eliminación de retenciones, y una reforma laboral integral.
Por otra parte, las autoridades de CAME insistieron con la creación de una Secretaría de Economías Regionales en el ámbito del Ministerio de Agricultura para poder canalizar y atender las demandas de cientos de complejos productivos del interior del país y descomprimir la tensión social reinante en el sector.
