Las retenciones, social y económicamente justificable, desde la salida de la convertibilidad, fue un instrumento muy importante que favoreció a la recuperación de los ingresos públicos, financió planes sociales, sirvió para salvaguardar la demanda interna, evitó que se sigan ahondando las pérdidas entre los pequeños y medianos productores y empresas, se utilizó para que las jubilaciones de los que han trabajado toda una vida y jamás les han aportado sus patrones, fueran un poco más dignas y, favoreció indudablemente a la gobernabilidad. Ahora, superada la crisis, y luego de la reestructuración de la deuda; correspondía examinar profundamente el destino de las retenciones, porque el superávit fiscal primario crea las condiciones para ir a un esquema de financiamiento público progresista, concurrente con los objetivos del desarrollo de la eficiencia institucional y la equidad en la estructura socio-económica que pregona la presidenta Cristina Kirchner.
Encontrar el procedimiento adecuado para distribuir una “renta excepcional”, debe imaginar un modelo fiscal que tenga como centralidad financiar adecuadamente políticas públicas de inclusión, y voluntad política entre los responsables políticos, para fortalecer el federalismo, sobre bases fiscales que no sigan profundizando este modelo de relación dependiente entre niveles jurisdiccionales.
Retenciones y federalismo
La Nación tuvo un significativo aumento de la recaudación por derechos de exportación o retenciones. En febrero tuvo una variación interanual de 141,2 %, cuatro veces más que el IVA. Así lo señala el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que indica que en el primer bimestre de 2008 la Nación vio incrementar sus recursos tributarios un 51 por ciento, diez puntos porcentuales más que el conjunto de las provincias. Si las retenciones son una herramienta de redistribución. Se tendría que especificar que programas están financiados por estos recursos que son ingresos eminentemente federales. Porque la mayor parte de los gastos de salud, educación y prestaciones públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de la ciudadanía, son de las provincias y los municipios.
Las provincias que componen la Región Centro aportarán el 53,8% del total de las retenciones agropecuarias, que en la campaña 2007-2008, ascendería a 10.231 millones de dólares, de acuerdo a un informe elaborado por Juan Manuel Garzón y María Inés Berniell. Córdoba contribuye por derechos de exportación el 24,8%, Santa Fe 21,4% y Entre Ríos 7,7%. Córdoba es la que más aporta por habitantes, 761 dólares, Santa Fe, 675 dólares y Entre Ríos 630 dólares. El destino de estos recursos, lo decide el Jefe de Gabinete, en vez del Congreso, y, de los fondos provinciales, ni hablemos: la coparticipación es una mera expresión de deseos de nuestra constitución.
Frente a la distribución privativa y centralizada de la Nación de los recursos de las retenciones que aportan las provincias, los gobernadores de la Región Centro, tienen una posición definida. Hermes Binner, ayer afirmó que «el reparto de la “torta” a nivel nacional es realmente injusto, una parte debería volver a las provincias para que podamos dar respuestas a los municipios y comunas» y para «obras que mejoren la calidad de vida». Juan Schiaretti y los intendentes, se animaron a plantearle a la Casa Rosada a través de un documento: «queremos reafirmar el derecho que nos asiste de una mejor redistribución de los recursos federales». Su provincia y Santa Fe le transfieren a la nación más recursos por retenciones, que no son coparticipables, que lo que reciben por la misma coparticipación.
En cambio, Sergio Urribarri, no comparte en absoluto la posición de sus colegas, dijo “en la realidad que vivo a diario como gobernador, la inversión del Estado nacional en Entre Ríos es histórica, 3.000 millones de pesos en la autovía de la ruta 14, viviendas, inversiones en saneamiento, planes sociales, de salud entre otros muchos conceptos son la vuelta de las retenciones a la provincia y representan la reversión total de las políticas de aislamiento a la que fue sometida sistemáticamente la provincia a lo largo de toda la vida institucional del país hasta el año 2003”.
Este punto de vista del gobernador Urribarri, se contrapone a la del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, Jorge Busti, que en pleno conflicto aseveró: “debemos discutir hasta donde se cobran esas retenciones y cuál es el destino de los montos recaudados”. Recordemos que Busti, Obeid y De la Sota, junto con la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, en julio del 2004, habían solicitado al entonces presidente Néstor Kirchner, una compensación extraordinaria, equivalente al 50% de los derechos de exportación que corresponden por la producción agropecuaria obtenida en la Región Centro con destino a la exportación, para fomentar el desarrollo productivo de la Región Centro, sostener programas de desarrollo social y combatir la indigencia..
Este es el momento para poner en debate la cuestión de la distribución equitativa del ingreso y la indudable pertinencia de la apropiación social de una porción de la renta originada en las exportaciones primarias. Este debate irrumpe como consecuencia de que tenemos la economía ordenada, con presupuesto y reservas en el Banco Central. Porque el país recuperó la gobernabilidad con solvencia fiscal, tipo de cambio competitivo, superávit en el balance de pagos y aumento de las reservas internacionales.
Es el momento de mirar hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo, apuntando a resolver los desafíos estratégicos que debe enfrentar la Argentina.
