La nota enviada sostiene: “La medida de fuerza se inició el lunes y abarca a todo el territorio entrerriano y los trabajadores demandan la equiparación de sueldos con el Poder Judicial. Por un lado, el gobierno dice que son 160 el total de empleados que tiene esa área, como una forma de minimizar lo que está ocurriendo. Sin embargo, la realidad –una vez más- vuelve a ubicar al escenario en su justa medida porque lo que está sucediendo es de una gravedad que bien amerita que el gobierno habilite un espacio de diálogo y contención. A raíz de esta situación, las escribanías no pueden trabajar. Los profesionales vinculados con la agrimensura no pueden trabajar porque están impedidos de hacer los estudios o trámites en dicho Registro de los terrenos. Las inmobiliarias también ven reducida de manera drásticas sus operaciones comerciales con los bienes inmuebles. Otro tanto ocurre con los martilleros públicos e incluso con varios estudios de contadores que deben controlar los registros de libros. Ni siquiera la Justicia puede trabajar en materia contenciosa y administrativa, dado que este paro les impide trabar embargos por ejemplo o dictar inhibiciones. Del mismo modo, los bancos deben por el momento detener sus líneas de créditos hipotecarios porque los trámites con las escrituras de las viviendas no se pueden analizar ni registrar como corresponde. Y ni qué hablar de los miles y miles de entrerrianos que requieren vender o comprar alguna propiedad inmueble y quedan en medio de la incertidumbre. Todos estos ejemplos dan una dimensión que debería llamar a la reflexión a las autoridades de turno. Se equivoca el gobierno provincial si cree que este conflicto sólo atañe a 160 familias en toda la provincia. Este conflicto embarga a todas las localidades sin excepción. Lo otro que llama la atención es que tampoco los legisladores se han hecho eco de esta situación y que ni siquiera se hayan acercado para analizar si es viable o no elaborar una ley para satisfacer la demanda de los trabajadores que reclaman la equiparación salarial con sus pares del Poder Judicial. Mucha campaña electoral, pero demasiada poca gestión, especialmente a la hora de contener un conflicto que reclama en lo esencial diálogo, es decir, la herramienta más noble que tiene la política y con ella la construcción de comunidad. El reclamo de los trabajadores no es nuevo, sino que se viene solicitando desde el 2005. Seis años es demasiado tiempo para que el gobierno de turno guarde un silencio que en nada colabora para descomprimir la situación. Es un hecho que la actividad del Registro de la Propiedad Inmueble permanece paralizada en toda la provincia desde el lunes. Es un hecho, que por la falta de vocación de diálogo del gobierno hasta el momento no hay avances en las negociaciones. Y es un hecho que el tráfico inmobiliario en la provincia se encuentra absolutamente paralizado, sin ningún ingreso o egreso de documentos y que ese escenario refleja nada más y nada menos que inseguridad jurídica”.
