Hace 20 días, el intendente Enrique Cresto, en conferencia de prensa, se expresó en duros términos hacia el gobierno nacional debido al recorte de fondos para obras públicas, como el Fondo Solidario de la Soja, y a la transferencia de programas a la Provincia como el subsidio al transporte público y la tarifa social eléctrica. Cresto señaló que estaba abriendo el paraguas para dejar sobreaviso que no veía de ninguna manera “ninguna ciudad viable con estas medidas sino hay un cambio de rumbo en forma urgente de estas medidas que afectan directamente a las familias”.
La concejal dijo, a su vez, que no coincidía con esos términos. “Creo que Concordia tiene un presupuesto de $ 2.000 millones. Con eso en realidad se puede encarar muchas cosas que, de hecho, se están haciendo. Lo que veo es que la Nación ha acompañado muchísimo a la ciudad de Concordia”, señaló.
En tal sentido, la edil recordó que el intendente sostuvo que se están construyendo 1.000 viviendas. “Las 1.000 viviendas están financiadas por Nación. El plan Hábitat, el Promeba 4, la planta de tratamiento de efluentes, la ampliación de la planta de agua potable. Todo eso es ayuda de Nación a la ciudad. Entonces no sé qué cambio de rumbo está pidiendo el intendente. ¿Está pidiendo que se le corten todas esas obras que se le están dando? La verdad que no lo sé”, dijo Reta.
No obstante, hace tres semanas el intendente hacía referencia a la perdida de obras derivada de la ausencia de fondos a la Cafesg y a la asistencia social a las familias más vulnerables. Respecto del primero punto, Cresto recordó que la Cafegs en algún momento tuvo el mismo presupuesto que el municipio, que hoy sería el equivalente $ 2.000 millones. Pero en la actualidad prácticamente no alcanza ni para pagar los sueldos de los empleados de la repartición. En consecuencia, la ciudad perdió entre $ 600 y $ 700 millones en obras públicas que era lo que destinaba la Cafesg.
Respecto de la ayuda social, el mandatario comunal dijo: “después se terminaron los medicamentos. Se terminó el Plan Remediar y comenzamos por primera vez en la historia a comprar medicamentos”. También padecieron la pérdida de un convenio, mediante el cual la Provincia abastecía a los 14 centros de salud municipales. Hoy esa situación es afrontada con fondos propios.
Volviendo a la delcaración de emergencia, Reta explicó que la normativa autoriza al Ejecutivo y a los entes descentralizados como el Edos o el Invitam (Instituto de Viviendas y Tierras Municipal) a la contratación directa, previo cotejo de precios, hasta $ 500.000. “La ley de contabilidad pública no lo permite sino está declarada la emergencia”, dijo. Además, se autoriza al Ejecutivo a modificar partidas sin pedir autorización al Concejo.
“De esta manera se suspende otra emergencia que estaba vigente desde la inundación que es más o menos similar. En realidad, la emergencia que se sancionó en 2015 nunca se dio de baja. Por lo tanto, esta nueva emergencia no tendría implicancias prácticas porque ya hay vigente un decreto de emergencia”, explicó la concejal. El bloque de Cambiemos presentará un pedido para que se derogue el estado de emergencia por las inundaciones sancionada en 2015 y ratificada en 2016.
