“Es cierto que Cresto dice que sale todo por unanimidad. Ellos desde el Ejecutivo mandan propuestas y esas propuestas prácticamente las hacemos de nuevo. Por ejemplo, de la ordenanza que crea el Instituto de Viviendas y Tierras que mando el Ejecutivo no quedó nada. Cuando trabajamos y rehacemos las cosas que consideramos que van a ser más beneficiosas para la gente ¿Cómo no las voy a aprobar? No tiene nada que ve quien sea el intendente. No me interesa quien esté a cargo de la intendencia, esté Cresto o esté Pérez. Si estamos dedicándoles horas de trabajo a un tema obviamente que lo voy a acompañar. Esto no tiene nada que ver con una cuestión de que estamos apoyando al intendente sino que lo que estamos es buscando una solución buena para la gente porque la gente nos votó para eso”.
Además la concejal detalló que el municipio deberá rendir cuenta de todas las facturas y los pagos que realiza la empresa. Eso va a pasar por el Tribunal de Cuentas de la provincia y, a su vez, el Tribunal de Cuentas tiene que rendir a la Nación. O sea que se cumplen todos los pasos de control. No es una compra directa para que el municipio haga lo que quiera con ese dinero.
“Estuvimos charlando pero él no quiso acompañar y el hecho es que no nosotros estamos avalando que haya una contratación y que no haya controles y que el municipio haga cualquier cosa con este monto. Si estamos acompañando es porque es un convenio que viene desde Nación, que ya viene con un concurso de precios hecho y que el IAPV en definitiva no lo pudo llevar adelante. Entonces el municipio le solicita a Frigerio cuando vino en el último viaje que le pase ese convenio al municipio, al Instituto de Viviendas municipal. Por eso la urgencia en los tiempos, viene con un retraso en el tiempo por la cuestión del IAPV", dijo.
“Por eso nosotros decidimos acompañar porque además este convenio que estaba firmado con Nación, con funcionarios del ministerio del Interior que lo avalan y lo firman como el contador Amaya y también De Luca. O sea que nosotros decidimos acompañar el convenio”, indicó.
“Es una obra que dura tres meses. El convenio marco entre la Nación y la Provincia se firmó en mayo de 2016 y después se firmó un convenio específico en marzo de 2017 para poder hacer la ampliación de las 100 viviendas. El monto total es de $ 22.674.000 y si lo dividís por 100 son $ 226.000 para cada vivienda”, especificó. Como se trata de 20 metros cuadrados, la cuenta da $ 10.000 por cada metro cuadrado.
La suma mencionada es poco más que la mitad de lo que cuesta el metro cuadrado de construccion según el índice de El Portal de la Construcción (www.cifrasonline.com.ar). Para julio, el índice dio cuenta el metro cuadrado cuesta $ 18.522,40 para una vivienda individual (dúplex de 88 m²), $ 19.489,80 para una vivienda individual en PB de 85 m² y $ 16.936,10 una vivienda colectiva en torre (2.260 m²).
“Son dos dormitorios para cada vivienda, la fabricación, el montaje, el armado, el transporte hasta Concordia y la modificación y adaptación de las viviendas ya existentes que hay que abrirles una puerta, hacer como un pasillito y modificar toda la parte de la cocina para poder incorporar los dos dormitorios. Todo este trabajo por $ 200.000. Es decir que tampoco es un presupuesto elevado”, indicó.
“Estuvimos investigando y la empresa que está trabajando, está trabajando para instalar las 100 viviendas que mandó la Nación para inundados que son las que se llaman viviendas Toyota”, dijo Reta de Urquiza.
“En la ampliación se hace un convenio con la provincia para que el IAPV haga la ampliación de las 100 viviendas que solamente tienen un dormitorio. Y un dormitorio es muy poco para las familias dado que la mayoría son familias numerosas”, indicó.
“Para que la contabilidad del municipio pudiera hacer los pagos y recibir el dinero, tenía que hacer una contratación directa. Esa contratacion directa es más conveniente que llamar a licitación, que la empresa se vaya del obrador que estaba trabajando con la instalación de las 100 viviendas”, dijo la concejal.
Otro de los argumentos expuestos por Benítez, la urgencia para tratar sobre tablas un tema que habían conocido esa misma mañana del jueves pasado, fue rebatido por Reta de Urquiza. La concejal dijo que la empresa se retiraba del obrador sino se aprobaba la obra. “Es una obra que dura tres meses y la empresa está porque está instalando las casas”, mencionó.
“Si la empresa se iba había que llamar a licitación y esto iba a tener un costo enorme. Había que retirar el obrador y volver a instalar otro obrador. Con familias que viven muy apretadas porque tienen un solo dormitorio. Hay una familia que tiene una carpa detrás de la casa”, señaló.
