Benítez sostuvo que el acuerdo denota un tratamiento “preferencial” con el contribuyente. Reta de Urquiza, en cambio, argumentó lo contrario porque el capital de la deuda de $ 8 millones es solamente $ 2,6 millones. El resto, $ 5,4 millones, son intereses y multas. “A ese tercio se le ponen dos tercios de intereses y multas y a eso se le cobra un interés de financiación de 40 cuotas”, explicó.
“Es un interés bajo de financiación que, a su vez, está recargando dos tercios que ya son intereses y multas”, argumentó. “Si sumás intereses sobre intereses más intereses sobre multas, es una barbaridad lo que se le está cobrando. No se lo está beneficiando para nada”, añadió.
De todas formas, dijo que el bloque que integra no avalará el convenio. Pero por otro motivo: Reta explicó que los ediles tendrían que haber sido anoticiados antes de suscribirse el acuerdo, por el hecho mismo de ser un convenio judicial, y dado que la Justicia pide el acompañamiento del Concejo. “El procedimiento en sí es lo que estoy cuestionando”, dijo.
“Ellos arreglan con la empresa en la Justicia y después nos piden que lo votemos, sin habernos dado participación o al menos habernos dado a conocimiento antes”, reiteró.
