Aunque los hechos de los últimos días tienen causas diversas y de gran complejidad, todo emisor sabe que la acumulación y repetición sin descanso de un puñado simplificado de consignas alimenta la intranquilidad y el temor de la población, y promueve la intolerancia y la propensión a violar la ley.
Estos hechos están precedidos por la afirmación totalmente falsa, hecha por políticos de la oposición derechista y sus medios aliados, sobre que el país se encaminaba a una reforma del Código Penal que iba a eliminar o disminuir penas por actos delictivos y que iba a desembocar en una liberación generalizada de personas encarceladas.
También por la muletilla sobre un aumento permanente y sin control de los actos delictivos, rara vez asentada en estadísticas serias, y por la afirmación, jamás sostenida en datos confiables, de que la única solución ante esta problemática son las políticas de “mano dura”, que ya fracasaron rotundamente en nuestro país y en muchos otros.
Estos enunciados incluyen además la tipificación automática de un sector social como responsable de los actos delictivos, que son casi inevitablemente jóvenes pobres, de determinadas características físicas y hasta con un cierto tipo de vestimenta.
En ese contexto, las afirmaciones reiteradas hasta el hartazgo sobre que los ataques a presuntos delincuentes hasta causar la muerte se deben a la “ausencia del estado” son de una ligereza demostrativa de gran intencionalidad política o profundísima ignorancia. Llamar “ajusticiamiento” o “justicia por mano propia” a lo que es un acto delictivo y “linchamiento” a un asesinato evidencia una manipulación del lenguaje y del discurso dirigida a disculpar a un sector de la sociedad que también delinque y de paso enarbolar las fórmulas de los sectores políticos más retrógrados.
Cuando se dice que el ataque de un grupo de personas a alguien que fue acusado o puesto bajo sospecha es inapropiada solo por el riesgo de herir o asesinar a un inocente se comete otra atrocidad, porque tiende a encubrir la acción delictiva que representa que un grupo de civiles, con el argumento que sea, ataque a otro civil, asumiendo un papel que ninguna ley prevé ni justifica.
Todos los actos de comunicación tienen efectos sobre el cuerpo social que los recibe. Los trabajadores y los medios que los emiten deben asumir de una vez la responsabilidad por lo que informan y por cómo lo informan, mucho más cuando se pone en juego el derecho a la vida y a la justicia, que siempre dicen defender.
