Resolverán situación procesal de ex funcionarios radicales

La situación procesal de los ex funcionarios radicales, quienes están sospechados de haber cometido fraude en perjuicio de la Administración pública y defraudación por abuso de confianza, está por resolverse, indicó una fuente judicial consultada por Uno. Sin embargo, antes el juez Carlos Ríos tendría que dictaminar con respecto a un nuevo planteo de prescripción presentado por la defensa. Una vez concluida esa etapa el magistrado podrá procesar, sobreseer o dictar la falta de mérito de los acusados, quienes están vinculados al expediente desde octubre de 2006 cuando la Fiscalía entendió que existían elementos suficientes para que la Justicia investigue.
Aranguren y Demartini, ex funcionarios de la última gestión de Sergio Montiel, están considerados responsables de haber manipulado ciertas instancias de concurso público en favor de firmas que debieron proveer de equipos e instrumental al laboratorio de medicamentos de Federal y no lo hicieron, más allá de que se les adelantó al menos la mitad del millón de pesos en que las operaciones habían sido presupuestadas.
Tanto Aranguren, quien era titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) como Demartini, quien era Director Ejecutivo del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), ya han dado su versión a la Justicia. En su defensa dijeron que las licitaciones estuvieron a cargo de las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los fondos que salieron del Fondo de Inversiones contaron con un decreto que autorizaba la operación.
Según se conoce, en octubre de 2003, la Provincia giró 343.642 dólares al Programa de Naciones Unidas que debía proveer el equipamiento. La nota destaca que ese monto fue tomado del Fondo de Inversión de Entre Ríos (Finver). No obstante, el dinero tenía otro fin: Contaduría de la provincia lo había autorizado para préstamos a citricultores.
En relación con las licitaciones efectuadas para la compra de equipamiento, se destaca en la causa que “se realizaron 16 concursos de precios en el término de 48 horas, entre el 18 y 20 de noviembre de 2003”.
La denuncia también contemplaba el hecho de que se hubiera asumido el compromiso de “ejecutar un proyecto de 7.393,943 dólares sin contarse con las previsiones presupuestarias pertinentes violando así, la Ley de Contabilidad 5.140, tal como había detectado el Tribunal de Cuentas. En rigor, el organismo detalló una serie de irregularidades para un trámite suficientemente complejo y que sin embargo se inició y terminó en noviembre de 2003: falta de notificación de adjudicaciones; falta de cuadros comparativos; falta de garantías de cumplimiento contractual; falta de constancias de la adquisición de pliegos por parte de los oferentes, siendo requisito necesario para adquirir tal calidad.
Se realizaron 16 concursos de precios en el término de 48 horas, según la denuncia.
Hay un nuevo planteo de prescripción por parte la defensa.
Puntualmente se observa el manejo de unos 22 millones de pesos, para los cuales no habría existido previsión presupuestaria.