La ley provincial N° 9.823 (reglamentación de prestaciones y servicios gerontológico y geriátricos) sancionada en 2007 (en este momento hay una modificación que cuenta con media sanción de la Legislatura) establece que en cada residencia debe haber un equipo profesional interdisciplinario básico integrado por: un personal directivo o responsable de la organización y funcionamiento de la institución (profesional universitario con capacitación en la Temática-problemática de la Vejez), una mucama como mínimo cada 12 internos por turno diurno, un enfermero y un Auxiliar de enfermería o Cuidador de Ancianos, cada 40 internos por turno diurno, una persona (nochera) en el turno noche cada 40 internos (cuidador de ancianos o auxiliar de enfermería), personal de cocina y lavandería de acuerdo a las necesidades de la institución, personal de mantenimiento, servicio médico para la atención de primer nivel – control y seguimiento del estado psico-físico de los internos–, etc. Además, se requiere un psicólogo y/o médico psiquiatra, un terapista ocupacional, un kinesiólogo, nutricionista, Trabajador Social y personal idóneo para actividades de recreación (profesor de educación física).
¿Qué es lo que suele suceder? Buffa explicó que, muchas veces, la persona que fue contratada como enfermera además de atender a los residentes, también hace las veces de cocinera o realiza tareas de limpieza. Por ende, pierden la especificidad de su función. Y descuidan la atención de los adultos mayores desempeñando otras labores lejos de los mismos lo que les impide atenderlos a tiempo si necesitan algo o sufren algún percance como una caída. “Suman tareas a una sola persona por cuestión de hacer más rentables el negocio”, dijo Buffa, Y remarcó que esa situación se da en la mayoría de los hogares. “Son muy pocos los que tienen el personal acorde al número de residentes y a la atención que brindan. La gran mayoría tiene resentida la contratación del personal o la diversificación de las tareas”, sostuvo. En cuanto a médicos y kinesiólogos, no es necesario que estén permanentemente en la residencia pero deben estar cuando se los necesita. En cuanto a los profesores de educación física, en muchos lugares directamente no hay. Tampoco hay talleres culturales.
¿Por qué sucede esto? La responsable del Área de Adultos Mayores sostuvo que muchas veces, los propietarios, por cuestiones de rentabilidad, deciden no contratar más personal que el que tienen al que les imponen mas tareas de las que les corresponden. Alegan que no les alcanza con los ingresos que tienen. También recalcó la importancia de que todo el personal que trabaja en las residencias debe estar capacitado en gerontología, un requisito que será exigido por ley.
Por otra parte, el artículo 24º establece que las residencias “deberán poseer espacios verdes adecuados para el esparcimiento y realización de diferentes actividades. Se considerará factible la utilización de galerías cubiertas y cerradas (hasta dos lados) para solario y descanso con vista a espacios verdes”. Buffa sostuvo que muchas residencias cuentan con espacios verdes dado que fueron instaladas en casonas antiguas con patios interiores pero hay otras que no cuentan con esas dependencias. Por lo tanto, los residentes están todo el día en un lugar cerrado. Cuando se apruebe la ordenanza, esos geriátricos deberán trasladarse, alquilando en otro lugar adecuado a la normativa.
Buffa indicó que la responsabilidad de lo que sucede con los adultos mayores no es solo del ministerio de Salud de la provincia, de la municipalidad (el área que dirige existe desde 2016 pero recién a partir de la modificación de la ordenanza podrán ejercer el poder de policía municipal del que ahora carecen) o de los propietarios. Extendió la responsabilidad a la sociedad en su conjunto y, en especial, a los familiares de las personas alojadas quienes deben cuidar y velar por la situación en la que se encuentran. Pero, incluso, indicó que la pandemia agudizó la soledad de los adultos mayores que no podían tener contacto con sus familiares por temor al contagio de Covid 19.
Los Nonos
Durante la recorrida de ayer, diversas áreas, como Inspección General, Saneamiento Ambiental, Electrotecnia y Salud enviaron personal para elaborar un informe al Juzgado de Faltas acerca de la situación en la que se encuentra. “Ellos deciden si se mantiene la clausura, si se la dicta en forma definitiva o si lo vuelven a habilitar”, dijo. No obstante, por ahora sigue clausurado.
Uno de los problemas era la falta de agua en los baños y canillas. Durante la inspección notaron que hubo una leve mejoría, pero aún no es óptima la provisión del líquido elemento, Los propietarios del lugar indicaron que hay un problema con las bombas de agua.
En cuanto a la carpeta, debe haber una copia certificada del título del médico del lugar. “Ellos tienen la obligación de tener un médico nombrado. Le faltaba la copia certificada del médico que los dicen que es el médico del lugar”,, remarcó.
Las otras falencias constatadas eran: residuos domiciliarios mezclados con patológicos. Respecto de estos últimos, explicó que deben estar separados y almacenados en un lugar específico. Se trata de residuos infecciosos y restos patológicos que deben ser guardados directamente en bolsas de color rojo rotuladas, impermeables, resistentes al peso. Son recogidos por una empresa dedicada específicamente a esa tarea.
El artículo 21° de la ley N° 9823 establece que “las habitaciones/dormitorios deberán poseer aberturas que aseguren ventilación e iluminación natural directa e iluminación artificial adecuada además de apropiadas condiciones de higiene y seguridad. Cada dormitorio tendrá una capacidad máxima de tres (3) camas simples – Instituciones con fines de lucro– y cuatro (4) –cuando se trate de Instituciones sin fines de lucro–…“. Buffa dijo que encontraron piezas con cuatro camas individuales por lo que recomendaron sacar una. “Tiene que haber espacio para que las personas puedan movilizarse con normalidad en su dormitorio”, dijo.
Además, no había roperos suficientes para cada uno de los 13 residentes que estaban alojados al momento de la clausura. Pero eso se subsanó.
“Además de la luz central de las habitaciones cada cama deberá contar con luz y llamador de enfermería individual (timbres)”, indica la ley. La responsable del Área de Adultos Mayores explicó que se encontraron con ausencia de timbres en algunas habitaciones. No obstante, como la ordenanza actual permite un timbre compartido y no exige individuales, se colocaron algunos colectivos. Cuando la norma se actualice, esa cantidad deberá ser incrementada para que haya uno para cada paciente.
En forma paralela, comenzó a investigarse una causa en la Justicia local. El fiscal Lisandro Azcué indicó, a principios de agosto, que había decidido iniciar una investigación penal preparatoria a raíz de la denuncia de una ex empleada del geriátrico. La mujer sostuvo que en ese lugar se omitían los cuidados y las tareas necesarias para resguardar la integridad física de las personas alojadas. «Esas omisiones habrían derivado en afectaciones a la salud de los residentes», indicó. «Lo que hace la fiscalía es investigar la posible comisión de un delito penal», dijo Azcué. En ese momento, el fiscal no adelantó nada dado que resguardaban los resultados de la investigación. Sólo se sabía que habían realizado un allanamiento donde secuestraron documentación y los teléfonos de los dueños del geriátrico.
Esta mañana, el fiscal indicó que el juez interviniente les permitió peritar los teléfonos. Por ello, desde Tribunales citaron a los propietarios para que designen un abogado defensor.
Informe: Guillermo Coduri
