La toma de posición del diario constituye una evidente expresión favorable a un retroceso de décadas en el país y con ello contribuye al proyecto de restauración conservadora. Viene a sumarse, además, a expresiones despectivas del ahora electo presidente, Mauricio Macri, sobre la vigencia de los derechos humanos, a las amenazas sufridas en el espacio de la ex ESMA, y al ataque a la Casa de la Memoria y la Vida, ex centro clandestino de detención Mansión Seré, de Morón, provincia de Buenos Aires.
También se inscribe en la saga de un columnista frecuente de La Nación, el escritor ultraderechista Marcos Aguinis, quien profirió insultos a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
La nota de La Nación, que no constituye una novedad absoluta, ya que este diario y varios de sus columnistas acumulan una penosa trayectoria en contra del respeto a la vida y a las libertades, generó varias expresiones de rechazo.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina expresó su “más enérgico repudio” y definió a la nota como “una provocación que ofende no sólo a 30.000 personas desaparecidas y a sus familias”, sino también “la capacidad de recuperación de una sociedad que trata, aún hoy, de sanar sus heridas”.
Por su parte, la Gremial de Prensa sumó su rechazo en un comunicado y felicitó “a los trabajadores que tanto en forma personal como colectiva repudiaron su contenido”.
La nota en cuestión conlleva además una perversidad llamativa, porque enfoca el período de la represión ilegal como un enfrentamiento entre dos contendientes (la vieja falacia, que no teoría, de “los dos demonios”) frente al cual La Nación presume ubicarse en una postura equidistante. La perversidad está dada en la infinidad de informaciones y opiniones que el diario publicó en apoyo abierto a la dictadura genocida que asoló al país entre 1976 y 1983, como es fácil verificar con una rápida visita a los archivos.
COMUNA se solidariza además con los trabajadores de la comunicación comprometidos en la cobertura de los juicios y con la búsqueda de memoria, verdad y justicia, acusados por el diario de propiciar una “cultura de la venganza”, que atribuye a “medios de difusión del Estado”.
