Los concejales del PJ consideraron que “los términos expresados contienen un alto grado de amenazas, de instigación a la violencia y a la ruptura de nuestro sistema democrático de gobierno. La restauración de la democracia en nuestro país costó la detención, la tortura y la vida de muchos argentinos”.
“Esta lucha histórica, muy cara a los sentimientos de nuestra historia merece sostener y defender sus valores para no volver atrás con un pasado oscuro que no queremos repetir. Justamente el Sr. D’Ambros representa un sector que se manifiesta permanentemente exigiendo respeto por la Libertad, la República y la Democracia, y contrariamente en sus expresiones se manifiesta a favor de los gobiernos de factos instalados durante la dictadura militar. No es la primera vez que este Señor da muestra de sus actitudes violentas, antidemocráticas y misóginas”, expresaron.
“Al finalizar la Primer Sesión extraordinaria de la actual gestión del HCD esta persona propició una serie de gritos e insultos (de manera eufórica y cobarde) a las Concejalas del Frente de Todos; en plena pandemia del CV-19 habilitó un paso ilegal para el ingreso de vehículos a la ciudad evadiendo los controles en los accesos; y ahora alentando a un golpe militar como en los 70, pero según su dichos de manera ‘más inteligente’», añadieron desde el bloque.
“Le recordamos a este Sr. que desde el año 1982 en nuestro país vivimos en democracia, sistema de gobierno que para beneplácito de muchos y desagrado de unos pocos, también ha evolucionado en amplitud, derechos y sobre todo en valores. Es nuestro deseo que estás manifestaciones cargadas de odio, revanchismo e instigación a la división del pueblo argentino sean rectificadas en un gesto de grandeza y respeto a la historia y a los que pensamos diferente”, sostuvieron los ediles del PJ.
Por su parte, los organismos de Derechos Humanos de Concordia expresaron que los “sin voz, los excluidos, los descalzos y las mujeres privadas de sus Derechos por familias semi feudales y patriarcales, han dicho basta”.
“Decimos basta a la violencia y las amenazas como las manifestadas por el productor apícola D’ambrós… haciendo apología de una época nefasta para nuestro país. Como así también rechazamos fervientemente la solicitada de la Sociedad Rural de Concordia al Poder Judicial y Ejecutivo de la provincia que esboza amenazas referidas a un conflicto bélico ‘el país arderá trágicamente en llamas’ en el caso de que el Proyecto Artigas ‘salga airoso’”.
“Instamos a que se pueda resolver el conflicto por vía del diálogo y la paz, pero que se haga Justicia y se investiguen a los responsables, que cese inmediatamente esta violencia de quienes formaron parte de una época infame y son directa e indirectamente responsables del sufrimiento de un pueblo, que vive aún el padeciendo de los crimenes de lesa humanidad y genocidio. Instamos a la Sociedad Rural a no provocar actos de violencia que atenta el Estado de Derecho y la Democracia”, añadieron desde los organismos de Derechos Humanos.
“Pedimos responsabilidad al Ministerio Público Fiscal y denunciamos la gravedad de los hechos que transcurrir por estas horas en nuestro querido suelo entrerriano, el que es de todos y no de unos pocos prepotentes con poder económico. Ya dijimos NUNCA MAS, no a la impunidad de los responsables”, sostuvieron.
“Lo que más nos preocupa como defensores de los Derechos Humanos, es asimismo la hipocresía de este sector antidemocrático que explota a miles de peones rurales que trabajan en extremo grado de vulnerabilidad en sus establecimientos agrícolas y ganaderos, lo que genera para sí extremadas riquezas provenientes no solo de la propia renta de la tierra que detentan, sino de la explotación y la trata de miles de seres humanos en nuestro suelo, que se acumulan en los conglomerados más pobres de nuestras ciudades. Ellos también son responsables de esa pobreza extrema y los vejámenes a la dignidad humana de nuestros jornaleros. Toda nuestra solidaridad con ellos, los explotados invisibles de la Sociedad Rural”, expresaron.
Asimismo, el ex concejal Mariano Giampaolo expresó que, en caso que no se les dé la razón, harán ‘arder en llamas un País’ como la Rural de Concordia ayer o insinuar “no volver a cometer los errores de la dictadura”, como peligrosamente manifestó D´ambros están “cometiendo delitos de gravedad institucional contra el orden público, ya que están violando el Art. 209 al 213 del Código Penal donde se impone prisión de hasta 6 años a quienes incurran en ‘incitación a la violencia’, ‘apología del delito’ y a la ‘coacción a funcionarios judiciales’ para obligarlos a resolver de determinada manera; incurriendo incluso en figuras de la Ley 26.734 que tipifica ‘delitos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a resolver de una manera ligada a sus intereses’».
