"Con este encuentro pretendemos poner de manifiesto que, a partir del caso de Facundo (Rivera Alegre, desaparecido en 2012) se sucedieron muchos otros que expresan la política de seguridad antidemocrática que impera en la provincia", aseguró a Télam el abogado Claudio Orosz.
El letrado, querellante en causas por violaciones a los derechos humanos, insistió: "nos tiene cansados esta política basada en conceder excesivas atribuciones al personal policial para perseguir a jóvenes de determinados sectores sociales".
En el marco del encuentro celebrado en el Sindicato de Luz y Fuerza, y organizado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Orosz manifestó: "el año pasado hubo 12 casos de gatillo fácil y este año ya van siete. No se puede creer la violencia que se aplica sobre sectores empobrecidos y segregados".
El abogado remarcó que los casos de "gatillo fácil" o de "amenazas a periodistas" que denuncian esos hechos expresan "una política de seguridad neoconservadora, que piensa que los problemas de seguridad, que afectan a todos los países del mundo, se resuelven a los tiros, con patrulleros y metiendo presos a jóvenes de sectores vulnerables".
"Esto, como se intenta en la Argentina, se soluciona con mayor educación, empleo, cultura y vivienda; en pocas palabras, con más inclusión social", puntualizó Orosz, abogado en Córdoba de la agrupación Hijos y de Viviana Alegre.
Por su parte, Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en febrero de 2012, después de que el joven asistiera a un recital de un conjunto de bailanta en la capital cordobesa, lamentó la "criminalización de los sectores populares" que lleva adelante el gobierno de De la Sota.
"Basta de mano dura y de que a otros pibes les pase lo que a Facundo. Basta de 'razzias', en virtud de las cuales se montan 'corralitos' en la vía pública, con los detenidos, como hacían los nazis, para que la gente vea lo que hace la Policía de Córdoba", dijo la mujer.
Alegre aseveró que "Córdoba vive de forma aislada de lo que pasa en el resto del país" y agregó que, aunque "De la Sota quiere vender afuera que la provincia es segura, aquí adentro se sabe que impera la mano dura, los narcopolicías y la represión de los pibes mediante la aplicación de un Código de Faltas anacrónico".
La mujer enfatizó que, por lo que le pasó a su hijo, "debe responder, por acción o por omisión, la Policía, en primer lugar, y luego la Justicia, por no haber controlado a dicha fuerza".
En el encuentro había familiares de víctimas de casos de "gatillo fácil", miembros de organismos defensores de los derechos humanos y militantes sociales, que se reunieron bajo la consigna: "nos sobra violencia, nos sobra policía y nos sobra impunidad. Nos falta democracia, nos falta seguridad y nos falta justicia. Tenemos dignidad, tenemos memoria y construimos futuro".
Rivera Alegre desapareció en febrero de 2012 a la salida de un baile en el Estadio del Centro cuando y el caso recientemente fue elevado a juicio.
La causa tiene tres imputados, dos de ellos relacionados directamente con el secuestro y presunto asesinato, en tanto que el restante es un empleado que habría cremado el cuerpo en el cementerio municipal capitalino.
Viviana Alegre, aun cuando la instrucción de la causa se orientó a otras hipótesis, se mantiene firme en que en la muerte de su hijo hubo “participación policial y encubrimiento político” desde el gobierno provincial.
