Hace pocos días, en el aniversario de los 40 años del golpe cívico – militar y Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, justificó la “Teoría de los dos demonios” con una frase agraviante: “Lo que aconteció el 24 de marzo del 76 fue una consecuencia necesaria” sostuvo el mandatario de Cambiemos ( ) quien de este modo justifica el Terrorismo de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976. Ese no fue un día más en la historia argentina.
Quienes educamos siguiendo los pasos de Paulo Freire nos preocupa actuar movidos por el interrogante ¿Cómo transformar la memoria en aprendizaje colectivo, en densidad de saberes, que cimienten la práctica política, social y cultural? Recordar debe entenderse como la elaboración de una trama que permite recrear con otros (diversos en recorridos, en edad y en experiencias) por eso elegimos partir de la memoria, significando el pasado en dialogo y tensión con el presente.
La memoria está viva cuando debatimos con otros, cuando damos sentido/s y la ponemos a disposición de generaciones que no vivieron aquellos acontecimientos que rememoramos. Cuando nos desvela la participación y las luchas por la justicia social.
Hacer memoria es un reto educativo para abrir ventanas, que posibiliten ver el pasado, sabiendo que éste sólo tiene significación si se apunta a fundar acciones transformadoras en el presente.
Como educadores y estudiantes debemos recordar ese periodo como un fragmento medular de nuestra histórica, es labor ineludible de todo funcionario político. Se produjo entonces la clausura de las instituciones fundamentales de la vida democrática y de la vida política; proujeron la más violenta y homicida de cuantas acciones sociales –realizadas desde el Estado y con los medios del Estado- recuerde nuestra historia contemporánea. Con acciones de control, disciplinamiento y violencia nunca vistas sobre la sociedad; se tomaron decisiones económicas que privilegiaron a los grupos concentrados y permitieron el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior en desmedro de la producción de nuestro país, miles de trabajadores de nuestras fábricas perdieron su trabajo, la industria nacional quebró.
Aquella siniestra dictadura cívico-militar incrementó la deuda externa del país de una manera inédita y se convirtió por decisión de la propia clase dominante, en deuda pública, es decir en deuda que debieron pagar todos los argentinos para beneficio de los grupos empresarios que tomaron el dinero. Se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda con efectos muy importantes en el empeoramiento de las condiciones por el aumento de la pobreza y la exclusión social.
El terrorismo promovido y realizado desde el Estado es una de las acciones más sangrientas que pueden azotar a una sociedad; la persecución, encarcelamiento y desaparición forzada de todo actor social o político que pensara diferente fue cotidiana. Recuperar crítica y democráticamente el debate de ese pasado no es un hecho menor, nos enriquece subjetiva y colectivamente.
Así como el mundo pensó a los seres humanos y sus derechos de un modo distinto después de Auschwitz, la sociedad argentina encontró un antes y un después en el terrorismo de Estado implementado durante la dictadura cívico-militar transcurrida entre 1976 y 1983. En diferentes escalas, pero sin duda atravesados por las mismas reflexiones acerca del valor de la vida humana, el respeto por los Derechos Humanos y la necesidad de profundizar las condiciones igualitarias para la coexistencia, ambos procesos históricos comparten una característica fundamental: aquella consistente en impulsar el ejercicio de la memoria como una condición sine qua non para garantizar la vigencia del respeto por la vida y la justicia; así como la convicción del alerta permanente para evitar el regreso de la barbarie, pues en tanto humana, está siempre presente como una posibilidad.
Por esto y mucho más REPUDIAMOS los pensamientos explícitamente expuestos por el funcionario público de Chajarí, Pedro Galimberti, que como abogado –además- no puede desconocer el valor de sus palabras, como expresión de su pensamiento, ni la importancia del marco en el que tuvo la desafortunada idea de exponerlas.
Firman por el CGE:
Andres Cassaretto – Director General de Educación
Liliana Dasso – Coordinadora del Programa de Educación y Memoria
