El Gobierno apeló ante la Corte el fallo de la Cámara Federal de Córdoba que ordenaba reglamentar la ley impulsada en 2015 por Wado De Pedro, que apuntaba a garantizar la indemnización a más de 10 mil vecinos de Río Tercero, afectados por la explosión de la fábrica militar de 1995.
“Estamos en presencia de un Estado, y es lo que venimos denunciando desde que asumió Macri, que va ‘hasta el final’ -como supo decir el presidente ante el conflicto por los derechos de los docentes- cuando se trata de escatimar recursos a políticas reparatorias o que reivindiquen derechos, pero que no duda en entregar nuestras reservas y recursos para beneficiar a los poderes concentrados o a las empresas en las que sus funcionarios tienen intereses comprometidos” sostuvo la diputada nacional por el FPV Gabriela Estévez.
“Esto también es parte de la transferencia de recursos hacia los más poderosos y financiada por los más vulnerables”, remarcó.
La detonación en la fábrica ocasionó siete muertos y más de 300 heridos. Los daños materiales en viviendas e infraestructura fueron numerosos y las secuelas que dejó en los habitantes de Río Tercero perduran en los afectados y en los familiares de las víctimas. Se sospecha que el hecho, más allá de haber sido calificado por las autoridades como un accidente, estuvo asociado a la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
“El Estado no puede eludir sus responsabilidades y obligaciones en términos de reparación de los daños”, sostuvo la diputada de La Cámpora sobre la ley de 2015 que sigue esperando reglamentación.
“Río Tercero y todos los cordobeses tenemos una herida que todavía sangra. Una terrible injusticia y es vergonzoso que el Gobierno Nacional pretenda desentenderse de su responsabilidad y dilate la reparación a las víctimas”, concluyó Estévez.
