“Que estas persona, que yo desconozco quien es, se hay manifestado a favor de Febres, que era un represor, consideramos que no puede permitirse porque es la impunidad de la palabra. No puede permitirse que alguien que tiene un cargo público haya avalado a un personaje nefasto como Febres”, señaló al programa “Comprometidos” (AM 560). Piérola dijo que Marelli tiene que retractarse públicamente.
En caso de que no se tome ninguna medida, la dirigente interpreta que haya “impunidad de la palabra”. En consecuencia, dedujo que «se genera confusión a la opinión pública: no puede ser que un funcionario público haya avalado a un torturador”.
Aunque Piérola hizo referencia a Marelli, Aizpuru también firmó una declaración de desagravio en el diario El Heraldo en 1988 en apoyo al represor Febres.
Desde los organismos de Derechos Humanos pidieron una audiencia con el gobernador Sergio Urribarri. “Estas cuestiones son las que deben estar definidas. Él como gobernador tiene que enmarcarlas como debe ser porque sino estamos haciendo discursos vacíos en la temática de Derechos Humanos, y en la práctica nos estamos contradiciendo”, sostuvo.
La postura de Piérola es tajante: “hay cosas que se permiten y hay otras que no se permiten porque sino hemos perdido totalmente el rumbo como sociedad; está todo permitido y no es así”. En consecuencia, exigió que “los genocidas deben estar en una cárcel común, y deben ser marcados por la sociedad como genocidas”.
La tarea de los organismos de Derechos Humanos no está concluida, ni mucho menos. Piérola indicó que “falta mucho por hacer, todavía no sabemos el destino final de los desaparecidos, hay muchos chicos que todavía no han recuperado su identidad”. Además, reflexionó y dijo que se vive en una sociedad que tiene resabios dictatoriales. “El caso paradigmático de Julio López no es un elemento casual; la muerte de Febres no es un elemento casual. Las patotas de la represión siguen estando, siguen operando”, agregó.
La dirigente social tiene un hermano, Fernando Gabriel, que fue fusilado en “Margarita Belén”. Por esta causa, hay nueve policías chaqueños imputados de torturas y desapariciones de personas. Los detenidos fueron trasladados a Campo de Mayo para seguridad de los testigos. “Para que realmente sean juzgados y no siga avanzando esto de matar para que no hablen”, señaló.
“El discurso puede ser muy lindo, lleno de flores, pero el tema es la cuestión cotidiana. Si acá los entrerrianos no investigamos las causas como sociedad y nos diferenciamos de ese estado dictatorial en todas las estructuras, creo que son palabras vacías”, reflexionó.
