Guastavino consideró que hay que poner a consideración y análisis de la CARU, la documentación por la que el gobierno de Corrientes autorizó el proyecto. “Aunque simultáneamente habría que abogar por la suspensión del inminente inicio de obras, hasta tanto se cuenten con todos los elementos que permitan decidir sobre la cuestión”, señaló.
“Resulta llamativo que las que las autoridades correntinas, pese a las solicitudes de informes por parte de organismos nacionales, aún no hayan cumplido con esos pedidos”, añadió
El emprendimiento que construirá la firma Copra SA, de José Aranda (Vicepresidente del Grupo Clarín), junto con Adecoagro, de George Soros, se empezará a concretar en septiembre de este año. Inundará 8000 hectáreas, que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires.
“Esto nos da la magnitud del impacto del proyecto; pero además el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia porque se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción”, detalló Guastavino.
“Hay trabajos de ONGs que describen que el desmonte y anegamiento de miles de hectáreas en la cuenca del Arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, constituye un crimen ambiental, y eso debe evitarse. No puede ser que los intereses particulares estén por encima de los del conjunto de la sociedad”, argumentó.
El ex vicegobernador de Entre Ríos agregó que hay que ser coherentes con la aplicación del tratado del Río Uruguay y el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, en el caso de Botnia. “Debemos actuar con firmeza en el cumplimiento de esos criterios y con apego a la letra del acuerdo firmado por los presidentes Fernández de Kirchner y José Mujica en Buenos Aires el pasado 28 de julio”, señaló.
