“Estuvimos, estamos y estaremos en desacuerdo con la designación”, remarcan en la nota, donde sostienen el dinero que no fue rendido fue otorgado en su momento por la Provincia para la adquisición de bienes y material educativo. “Resaltamos la ineficiencia del Juzgado de Instrucción Nº 4 interviniente en la denuncia por el ilícito sufrido y ponemos en conocimiento la prescripción de la acción penal operada sobre el ilícito denunciado”, señala el escrito.
Los denunciantes atribuyen una “dudosa moralidad” a Castro y por lo tanto decidieron renunciar. El actual director fue sancionado, mediante la resolución del CGE Nº 5425/2003, en su momento con una “pena levísima de suspensión”.
Por último, agradecen al gobernador Jorge Busti, al ex-ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri, y al vocal del CGE, Víctor Fassi, por haberles confiado subsidios utilizados para adquirir maquinaria y herramientas de última tecnología para mejorar la educación de los alumnos del Centro. Irónicamente, señalan que la rendición de gastos fue “debidamente documentada y presentada en tiempo y forma ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
