“Cumplo los 75 años y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, así que es lo que corresponde”, explicó el juez su decisión. En realidad, la renuncia está presentada para hacerse efectiva el 29 de julio, que es el día que Canicoba cumple años. Hasta entonces seguirá al frente del juzgado federal 6 y también del juzgado 12, del que se había hecho cargo a partir del nombramiento del juez Sergio Torres en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.
Polémico desde su nombramiento en 1993, durante el menemismo, fue protagonista en esos años de un sonoro cruce con el por entonces mandamás de la economía, el ex ministro Domingo Cavallo, que después de alejarse de Carlos Menem lo acusó de formar parte de la famosa servilleta de Carlos Corach. Otro de cuyos famosos integrantes era el fallecido juez Claudio Bonadio.
El juez tramitaba en los últimos tiempos varias causas que le habían granjeado la enemistad del macrismo. Por eso se había generado en el Consejo de la Magistratura un curioso paso de comedia. Acusado de enriquecimiento ilícito y de haber recibido coimas en una de las causas derivadas de las fotocopias de los cuadernos, ambos cargos quedaron desechados en la investigación que llevó adelante el consejero radical Juan Pablo Más Vélez. Cuando todo apuntaba en ese camino, otros integrantes de Juntos por el Cambio, encabezados por Pablo Tonelli, decidieron ir por su cabeza y su situación quedó en suspenso, a pesar de que faltaba muy poco tiempo para su cumpleaños número 75 y con él su obligatorio retiro.
Sin embargo, todos los medios más ligados al macrismo insistieron en las acusaciones para asegurarse de su salida, alertando sobre un supuesto arreglo con el oficialismo que le permitiría revalidar su lugar más allá de lo dispuesto por la Constitución, como en su momento lo había conseguido la jueza María Servini de Cubría mediante una negociación con el gobierno de Macri en 2017.
La causa en su poder que más nervioso tenía al entorno del ex presidente, es la que investiga las maniobras fraudulentas en las concesiones de peaje a favor del Grupo Macri, desarrolladas por el gobierno que casualmente encabezaba Mauricio Macri. Una de las últimas medidas tomadas por el juez fue establecer la fecha de citación a declaración indagatoria para ex funcionarios del gobierno de Macri, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Ambos ex funcionarios deberán presentarse esta semana en el juzgado.
Otra de las causas que irritaba a los dirigentes opositores era la que durante el gobierno de Juntos por el Cambio inauguró las investigaciones sobre el espionaje ilegal que el macrismo les dedicó a jueces, políticos, empresarios y hasta Lionel Messi. Canicoba explicaba que ese espionaje “no sólo incluyó los viajes de los espiados sino también datos surgidos en Policía Federal, antecedentes, y datos financieros de la Unidad de Información Financiera y de la Oficina Anticorrupción”. Un detalle que seguramente contribuye a explicar la animosidad en su contra desplegada por la ex titular de esa Oficina, Laura Alonso.
En esa causa, el juez también allanó la sede central de la AFIP, en busca de información sobre las actividade de dos funcionarios del organismo vinculados a Elisa Carrió, Jaime Mecikovsky y Norberto Sosa, sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal para alimentar las denuncias de la dirigente supuestamente retirada.
Canicoba Corral también estaba a cargo de la causa por el atentado a la AMIA, y desde esa posición tampoco se sumó a una de las principales operaciones mediático-judiciales del macrismo. Apenas Alberto Nisman presentó su acusación contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman por el memorandum con Irán, Canicoba no solo cuestionó la “falta de elementos probatorios” sino que aseguró que investigaría al fiscal por haber trabajado la denuncia sin ningún control judicial, a escondidas, durante dos años. Lo acusaba de que en lugar de investigar el atentado contra la AMIA, que era su tarea, había dedicado tiempo y dinero a otra investigación, sin autorización de un magistrado.
Por esos años, fue tomando distancia de buena parte de los medios que lo acompañaron sin críticas mientras sus fallos provocaban alegrías en el establishment. “Si Comodoro Py cerrara, muchos periodistas se quedarían sin trabajo –afirmó en 2017–. Se creen que los Tribunales son una usina de noticias”. Y resaltó que “hay noticias que se sostienen días y días sin nuevos aportes. Más que noticia es una campaña”. Y señaló la coimplicidad de algunos jueces con esa lógica. La que en toda América latina se llama lawfare.
