Los profesionales son, en rigor, los representantes de quienes deben aportar el 2 % de sus honorarios para financiar el sistema de becas dirigida a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios que, este año se estima, llegarán a 8.500 beneficiarios.
Con el retiro de ellos, este organismo, que depende de la legislatura, quedará manejado por el oficialismo, con un presupuesto del orden de los 5 millones de pesos al año que, sumados al aporte de Rentas Generales alcanza una cifra de 7 millones.
En la distribución de los formularios para acceder a una beca —que no es universal, ya que al año se imprime un número limitado— cobra relevancia la intermediación de los legisladores provinciales. Cada bloque recibe un número determinado de formularios que luego los distribuye en sus respectivos departamentos, una tarea que fue oportunamente cuestionada por la diputada provincial Beatriz Montaldo, del Nuevo Espacio. A pesar del llamado de atención, ningún legislador creyó oportuno revisar esas prácticas.
En una nota que reproduce “El Diario” Zavallo, titular del organismo habla de “una industria del transporte” de escolares de escuelas Intermedias de la zona rural, en tiempos del gobierno de Sergio Montiel. Por ese servicio, dice, se acumuló una deuda de casi 4 millones de pesos y “jamás se preguntaron si para ello no existía una posible malversación de fondos”. Los números oficiales dicen que en 2003 se gastó esa cifra para transportar a diario 3.582 alumnos en zonas rurales; este año, en cambio, son 4.905 los estudiantes a transportar, con un costo que se ubica en 1,9 millones de pesos, que se financiará con recursos de Rentas Generales, según Zavallo
