La aparición de este nuevo caso -que en realidad de nuevo no tiene nada- nos exige preguntarnos acerca de un defecto grave en nuestro sistema de justicia y de seguridad social. Una cuestión elementalísima que pese a estar legislada y sancionada, no logra aún hacerse carne en la gestión diaria de los organismos del Estado que deben garantizar derechos y cumplir protocolos sancionados para la prevención y tratamiento de casos de violencia de género, violencia familiar y abusos, además de ejercer una sostenida contención y asistencia a las víctimas. Pero además, nos advierte sobre la falta del más elemental deber de todo funcionario, que consiste en denunciar los delitos de esta naturaleza, cuando toma conocimiento de ello por su función pública.
Lo vimos durante el juicio del doble infanticidio, donde la defensa de Zapata dejo probado que la mujer víctima de violencia intrafamiliar extrema pidió ayuda en varios organismos estatales antes que se produjeran los homicidios de sus hijos, los diferentes responsables de área, tanto del hospital, como del Copnaf, no arbitraron los medios necesarios para frenar la escalada de violencia que acabó con la muerte violenta de dos nenitos de 5 y 7 años, más el suplicio que vivieron durante su corta vida.
Lo propio le cabe también al poder judicial, ya que obraban en su haber, causas de violencia familiar contra Álvarez que se evacuaron en medidas condicionales sin ningún tipo de control
Ahora la realidad vuelve a golpearnos la puerta con un caso que este diario ya había retratado en junio del 2011, cuando la justicia dejó en libertad a un marido violento por falta de pruebas. Más precisamente, porque, de alguna forma, con su simple presencia o con el peso de su ausencia, el agresor logró torcer el testimonio de su víctima. Al saber -la chica de entonces 17 años- que Salva se encontraba escuchando su testimonio del otro lado de la puerta, se retractó, dijo que él era el padre de su hijo y que se había quemado por accidente.
En esa oportunidad, publicamos el caso sin citar el nombre de la víctima, porque era menor, ni del agresor, porque, en rigor, la justicia lo había absuelto de culpa y cargo, pero llamando a la reflexión acerca de las falencias del sistema judicial, por la inexistencia de un programa de protección de testigos-victimas, ausencia de contención social para este tipo de madres víctimas, y la falta de un seguimiento continuo de estas familias en riesgo.
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Además señalábamos en otro informe cómo funcionaba el tema de la retractación de los testigos-victimas. Un tema sobre el que hay estadísticas concretas y ya hay jurisprudencia por la cual se entiende que si la víctima de abuso sexual o de violencia extrema se retracta en el juicio, debe entenderse como un síntoma propio del temor que le genera la presencia del agresor en la misma sala.
Existen además sobrados casos de victimas que se retractan por la necesidad económica que sobreviene a la detención del violador o agresor, que en la mayoría de los casos es el sostén de familia. Esta última causa se redujo en los últimos años por la asignación universal por hijo, pero sigue existiendo.
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EL ABSOLUTISMO INTRAFAMILIAR
El término “violencia intrafamiliar” se quedaba corto para describir lo que vivían todos los días Mara y sus cuatro hijos, así como también se quedaba corto para describir lo que vivió Andrea Zapata y sus hijos en la casa de Álvarez.
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De lo que se trata en estos dos casos es un verdadero régimen absolutista que rige en los límites de la vivienda familiar, en el cual el violento es la máxima autoridad indiscutida so pena de apremios que no pueden ser controlados por el Estado, en parte porque las victimas nunca terminan de confiar en éste debido al trabajo psicológico que hace el agresor, y en parte porque los organismos estatales tampoco se ganan esa confianza con la constancia y contención que uno esperaría.
Es un régimen despótico, sustentado en el terrorismo, la violencia, el silencio, y un bagaje de conceptos metidos en la cabeza de las víctimas a fuerza de palos, que hace que las victimas sientan verdaderamente que son chiquitas como una hormiga y que el agresor es invencible.
Que jodida sociedad tendremos, si al cabo de esta investigación, surgida por el pedido de auxilio de una mujer desesperada, terminamos por confirmar todos sus temores, dejando libre al violento y a ella desamparada a merced del “correctivo” que éste estará deseando darle.
Actualmente Salva está detenido, pero eso es provisorio y además ahí no termina, o no debería terminar la acción del Estado. Pesa sobre él una orden de prisión preventiva por tres meses, dictada el pasado 28 de octubre, a pedido del fiscal de la causa, Aníbal Lafourcade, quien ya imputó al reincidente por los delitos de: Privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas reiteradas, prohibición bajo amenazas de que la hija de la denunciante vaya a la escuela, y lesiones a la menor, constatadas por el médico policial
No obstante, al igual que en 2011, será necesario que las victimas cuenten los mismos ante el tribunal, y será necesario, para que no se retracten por temor, que estén contenidas, que reciban atención psicológica y que procuren independencia económica del imputado.
LOS HECHOS
1º el primer hecho que el fiscal imputó a Salva, fue la privación ilegítima de la libertad de su pareja, Mara Pamela Nicules, el pasado 20 de octubre, día de la madre.
2º Entre Agosto y octubre (cuando fue detenido), la obligó a vivir con él, bajo amenaza que si intentaba irse, la buscaría y violaría a su hija de 6 años.
Mara tiene cuatro hijos, de los cuales solo la mayor, de 6, no es hija de Salva
Cabe recordar que según sus propios dichos el imputado la había incendiado con nafta cuando estaba embarazada de su segundo hijo, que por suerte sobrevivió.
3º Privar a la menor de 6 años de concurrir a la escuela, bajo amenazas de ser golpeada
4º lesiones leves a la menor, constatadas por las maestras de la menor y certificadas por médico policial.
Entre otras anécdotas, la menor relató que su padrastro los mojaba con agua fría en invierno.
Creo que no hace falta aclarar, que todos estos sufrimientos se pudieron haber evitado, con el simple y elemental deber que todos tenemos de hacer bien nuestro trabajo. El de los periodistas es contar estas cosas, que de otra forma difícilmente se conocerían: sabrán los lectores discernir, quienes no están haciendo bien el suyo en este caso.
