Reformar la Constitución tendría sus ventajas, más allá del intento de los poderosos de entretener al pueblo, con grandes anuncios de cambios, cuando el texto actual permite modificaciones fundamentales de conductas, sin tocarle una coma.
Aún así, jamás se logrará una Convención Constituyente con algún viso de democracia, con un mínimo de libertades previas al acto eleccionario, si no se cumplen varios requisitos por un plazo prolongado. En el contexto actual la reforma podrá hacerse, y se hará maniatada, claro, por un poder legal y no legítimo, viciado en su origen, y viciado aunque en las urnas gane 90 a 10. Se han conocido regímenes que ganaban y masacraban a la vez.
En el actual contexto, y más allá de otros debates que deben darse en torno al qué y al cómo de la reforma, en donde habrá obviamente opiniones disidentes, urge introducir cambios en el sistema para permitir la formación de la opinión pública. Es una gran deuda pendiente. El actual sistema es engañoso, aquí manda el aparato y por consiguiente, la democracia tiene visos de autocracia, de plutocracia y de punterocracia. Se ha llegado al extremo de un fenómeno que anuda cada acción de gobierno con el voto, incluida la manipulación de la información, de modo que desatarse de esa trama perversa requiere de actos de arrojo para gran parte de la comunidad.
La sociedad debe generar anticuerpos para este sistema que la maniata y al mismo tiempo le cierra los caminos para conocer su propio entorno. Es una enfermedad que debe ser explicitada y combatida como un deber ciudadano, una enfermedad que se expande en épocas de crisis pero encuentra su caldo de cultivo particularmente en períodos de cierta holgura como el actual, con presupuestos oficiales flexibles y no transparentes.
Estos son algunos de los puntos que la sociedad política debe reclamar antes de permitir la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, para fundar un marco mínimamente democrático.
Primera garantía:
Adiós a los jueces
1-Que se llegue a un acuerdo previo para colocar a la cúpula del Poder Judicial, es decir, todos los vocales del Superior Tribunal de Justicia, en comisión y elegir jueces por un Consejo de la Magistratura. Los actuales jueces del STJ podrán postularse, es decir, no habrá proscripciones. La designación del legislador Emilio Castrillón como vocal rebasó todos los límites, terminó de viciar de antirrepublicanismo a un tribunal que ya estaba viciado, y es hora de revertir este proceso antirrepublicano. El poder que coloca amigos en el mayor cuerpo de justicia (el poder actual) no ofrece ninguna garantía de ecuanimidad, pierde autoridad por su propia acción y desmiente con el ejemplo todos sus propios discursos.
2-Que se acuerde poner a la cúpula del Tribunal de Cuentas de la provincia en comisión y elegir también por un Consejo similar.
3-Que se anule la ley votada el año pasado que permite a los condenados seguir en funciones, en clarísimo favoritismo hacia el intendente de Santa Elena Domingo Rossi. Que el partido de gobierno abandone su apoyo a Rossi –sentenciado a prisión en suspenso y otras penas por enriquecimiento ilícito–, y se comprometa a destruir su poderosa red de compra de conciencia en Santa Elena, con la constitución de comisiones multisectoriales para entender en los planes sociales y los organismos públicos de esa ciudad. Un oficialismo que respalda la estructura perversa del sistema político de Santa Elena no tiene derecho a sentirse legitimado para encarar una reforma constitucional. Si el oficialismo se queda con Rossi, la sociedad no deberá habilitar la reforma porque tendrá ante sus ojos un mensaje clarísimo de impunidad que deslegitima.
Sacar los medios de las garras
4-Que los medios de comunicación del Estado (LT 14 por caso) pasen a depender de comisiones multisectoriales con voz y voto respecto de su programación, con participación de gremios, organizaciones no gubernamentales, entidades intermedias, instituciones religiosas, agrupaciones vinculadas al periodismo, etc., para erradicar el partidismo obsecuente que ataca el derecho a informarse en libertad.
5-Que sea eliminada la Oficina Anticorrupción como dependiente de la Fiscalía de Estado y se le devuelva autonomía. Que se atienda el resultado de la auditoría de la Universidad Nacional del Litoral, que dejó en claro la inutilidad de la actual Oficina por estar atada al poder político del Ejecutivo.
6-Que el Poder Ejecutivo transparente en detalle, semana por semana, medio por medio, sus inversiones en propaganda oficial en los últimos años, en todos los organismos del Estado, incluidos los que gocen de autarquía (Vialidad, Seguro, Vivienda, Iafas, Túnel, Salud, etc.); y las agencias intermediarias, con nombres de sus propietarios. Y que avance de inmediato en una ley que organice un equipo multisectorial que monitoree el reparto de dinero en concepto de publicidad, propaganda o auspicio para aventar toda sospecha de compra de conciencia, favoritismo, o condena a periodismo independiente. Durante un año previo a las elecciones para convencionales constituyentes debe establecerse un sistema de reparto de publicidad (de todos los organismos públicos) por sorteo público inobjetable, entre instituciones de similares de comunicación social. Esta será otra condición sine qua non para avanzar en la reforma y deberá garantizarse su vigencia durante un año antes de las elecciones, y en forma indefinida para después de esas elecciones. Desde un año previo a los comicios para convencionales, los medios no tendrán que acudir más a funcionarios del gobierno por publicidad porque el sistema será automático, y eso generará un ambiente de libertad que hasta hoy no fue conseguido (ni buscado).
7-Que el gobierno se comprometa a introducir reformas claras, operativas, para evitar el desequilibrio obsceno en la propaganda proselitista. Que todos los partidos tengan acceso a amplios espacios en los medios de comunicación estatal y privados, pagos por el Estado, para exponer sus ideas, propuestas y críticas, de manera que la opinión pública se forme en un marco de libertad y equilibrio, y no con noticias tamizadas por el poder oficial como ocurre en la actualidad. Antes de elegir convencionales, el pueblo debe asegurarse mecanismos eficaces contra la vigencia de la plutocracia.
8-Que el gobierno se comprometa a evitar el uso de fondos y actos públicos para publicidad oficial de un partido en especial, cualquiera fuera, y que las inauguraciones y anuncios oficiales que se realicen durante las cuatro semanas previas a las elecciones sean sin promoción proselitista (como ocurre en la actualidad en favor del partido del poder). Usar el dinero y los organismos del pueblo para fines sectoriales atenta contra la democracia y el bien común.
Concursos de una vez por todas
9-Que se concursen todos los cargos del sistema educativo, en todos los niveles y funciones, en los casos en que el personal ingresó sin concurso, y que el gobierno difunda el listado de todos los contratos y nombramientos realizados sin concurso durante los últimos años, y los haberes. Que el gobierno garantice la erradicación del sistema de nombramientos sin concursos, violatorio de elementales derechos humanos al trabajo y a la igualdad de oportunidades, y causa contribuyente para la escasa capacidad de gestión de los organismos públicos.
10-Que el gobierno de la provincia se comprometa a erradicar los municipios paralelos, colocados en comunidades con gobierno adversario para puentear a las comunas. Ésta y otras prácticas clientelares deben ser desterradas, si se quiere avanzar en un proceso de reforma constitucional.
11-Que el gobierno se comprometa con organizaciones no gubernamentales a discutir su inquietante plan de monocultivo, que se desarrolla sin participación ciudadana, y que ponga sobre la mesa las razones que lo llevan a defender este esquema y los planes que tiene para prevenir los males extraordinarios del manejo irresponsable de agrotóxicos, denunciados por organizaciones serias vinculadas al medioambiente.
12-Que una comisión multisectorial tenga acceso a los expedientes del personal policial para controlar ascensos, premios y castigos, con lo cual podrá erradicarse la intromisión partidista en la fuerza de seguridad.
13-Que la vicegobernación transparente todos sus gastos, con nombres y apellidos de beneficiarios.
14-Que el gobierno transparente todos los sueldos que superen los 4.000 pesos en cualquier concepto, con nombre y apellido, en todos los organismos del Estado, incluida la Cafesg, y que en este caso en particular transparente todos sus gastos, subsidios, inversiones, sueldos.
Sin federalismo, ¿para qué?
15-Que en forma previa a las elecciones para convencionales se establezcan acuerdos para crear mecanismos de contralor sobre valores fundamentales como la república y el federalismo consagrados en el artículo primero de las constituciones, para exigir a los gobiernos su cumplimiento irrestricto en casos de flagrante apartamiento de esas normas. Sin república, sin federalismo, toda paz social, todo desarrollo sólo guarda apariencias pero en el fondo se están destruyendo la trama social y los fundamentos mismos de la Nación. Las advertencias de expertos y catedráticos reconocidos sobre el abandono de la república y el federalismo obligan a prestar atención porque resulta de una extrema gravedad institucional. Tocar la Constitución en tiempos que no garantizan federalismo ni república puede provocar una consolidación de un sistema impuesto, no querido.
16-Que el gobierno y todos los partidos y otras instituciones gremiales y ONG lleguen a un marco de entendimiento mínimo para establecer un plan que de respuestas paulatinas y justas a decenas de miles de familias expulsadas del territorio provincial por el sistema actual, para erradicar el egoísmo que impera en el olvido en que incurrieron los sucesivos gobiernos de las familias desterradas por falta de oportunidades.
¡Punteros afuera!
17-El gobierno y las instituciones intermedias deben comprometerse a lanzar una campaña masiva para asegurar que los votantes concurran a las urnas sin acompañamiento de punteros que ensucian el sistema. Nadie debe controlar, acompañar, a los votantes en auto ni a pie, ni debe ofrecer un vehículo para transportarlo. Aquellas personas con dificultades para trasladarse deberán comunicarlo a una comisión multisectorial que se encargará de prestar vehículos que el Estado proveerá por sorteo entre las empresas de remís existente. En el vehículo podrá viajar solo el votante, y un familiar directo, por ejemplo.
18-Por cada publicidad gigante excepcional que realice un partido poderoso deberá pagar una publicidad similar para otro partido. Es decir, si un partido poderoso realiza diez gigantografías, deberá pagar otras diez gigantografías de la misma calidad a diez partidos diferentes.
19-Que se aplique un sistema que restrinja o garantice el control del tráfico de mercadería comestible en un plazo de 48 horas anterior a cada acto eleccionario. Para ello, que se prohíba circular con productos en grandes volúmenes con límites a acordar. Para casos de excepcionalidad o emergencias dentro el mencionado plazo establecido anterior a los comicios, se deberá contar con una autorización judicial.
20-Que el Estado provincial garantice la instrumentación de una campaña de concientización y difusión del valor de la Constitución de Entre Ríos: sus potencialidades y pasajes fundamentales. Que se introduzca un plan educativo que revele su contenido en cuanto a los derechos y garantías, la promoción del cooperativismo y de las políticas de colonización social, tanto como el carácter de universalización de la educación pública. El plan educativo se creará bajo la idea de que para cambiar una ley fundamental es necesario conocerla a fondo, y dadas las pocas garantías que ofrece el sistema actual, esa campaña deberá hacerse con garantías multisectoriales para evitar nuevos vicios que ensucien la materia prima de la opinión pública, la información, y el derecho (hoy conculcado) a informar y ser informado en libertad.
