Al exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, afirmó que de no contar con la aprobación de la norma, el Poder Ejecutivo ni siquiera puede empezar el borrador del llamado a licitación de las máquinas para confeccionar la boleta única electrónica, -contemplada por la norma-, que ya cuenta con dictamen de comisión pero todavía no tiene fecha de debate.
Este apuro por sancionar rápidamente la norma, reconoce una primera lectura técnica: la necesidad de contar con la norma aprobada antes del tratamiento del Presupuesto 2017 ya que los gastos de la misma no están contemplados en la ley de leyes, sin embargo, el fondo del asunto y lo que debe preocuparnos por su gravedad, es su finalidad, esto es: vaciar de contenido el control popular del acto electoral apelando a la panacea de las nuevas tecnologías de la información como garantía de transparencia, rapidez y reducción de costos.
La estrategia comunicacional de CAMBIEMOS en esta coyuntura se orienta a cuestionar el histórico sistema electoral que utiliza la boleta de papel para asociarlo a hechos de fraude y corrupción, soslayando que su opción por la ideología técnica del voto electrónico sitúa en un escenario de riesgo los valores fundantes de la democracia: el secreto y la universalidad del voto y el derecho ciudadano a participar del control del proceso electoral mismo.
La creencia de que la tecnología va a resolver los problemas políticos es el peor legado de daño que este “consenso interesado y circunstancial de voluntades políticas” –Cambiemos, Frente Renovador, Bloque Justicialista y FAP- está propiciando. Al informatizar el acto mismo de votar, estamos deslindando la responsabilidad del control del voto popular, única garantía para evitar manipulaciones y fraudes.
Mucho se viene discutiendo sobre la neutralidad de las tecnologías y existe una fuerte discusión sobre quien controla los avances de la ciencia y la técnica, sin embargo hay una extendida percepción social que supone que si la tecnología está en todas partes y ha mejorado nuestras vidas, -aunque esto es discutible en muchos aspectos- también debería hacerlo con la democracia y su sistema electoral.
Instaurar un sistema de voto electrónico como garantía de transparencia es la mentira más peligrosa que se cierne sobre nuestra democracia, no sólo porque es un sistema en retroceso en todo el mundo –ahora que se busca tanto emular los ejemplos de afuera- sino porque, fundamentalmente, impide que los votantes controlen los comicios. Y mucho peor, de avanzar la iniciativa y convertirse en ley, se estará tercerizando y privatizando nuestro sistema y con él nuestra responsabilidad electoral siendo cada vez más dificultosa la intervención de la comunidad en un proceso que como ciudadanos no podemos darnos el lujo de resignar, máxime con lo que ha significado en nuestra historia, la lucha por la reconquista del voto popular.
Pese a que la vulnerabilidad del sistema de voto electrónico es una realidad manifiesta y prueba de ello es que Inglaterra, Alemania, Holanda, Irlanda y Finlandia, nada menos, lo han prohibido luego de probarlo algunos años, lo cierto es que el gobierno apuesta todas sus fichas a lograr su aprobación legislativa para debutar en las elecciones de 2017.
Frente a un presente adverso y a un futuro impredecible, la creencia de tener las manos libres para manipular una elección con la ayuda de las nuevas tecnologías, se constituye en una tentadora ilusión por la que bien vale apurarse y concitar adhesiones. A esta altura, poco importa que quienes llegaron a sus bancas con el voto popular y formando parte y adhiriendo a un proyecto político, luego hayan traicionado los mandatos aliándose para burlar la voluntad popular y nos vengan a dar lecciones de civismo y transparencia, justo ellos.
Son tiempos de lucha y organización, la que vence al tiempo, la que seguramente nos dará la certeza de que es necesario y patriótico oponerse a esta estafa que buscan pergeñar contra la voluntad de la ciudadanía. El apuro por sancionar esta iniciativa despeja cualquier duda sobre su finalidad. Quieren llegar a las elecciones de 2017 con el sistema aceitado para evitar que el tremendo retroceso económico y social de estos nueve meses se vea reflejado como castigo en las urnas.
Victoria Collier, directora de comunicaciones de la Coalición Nacional de Defensa Electoral de los Estados Unidos y autora de Cómo manipular una elección (Harper’s Magazine) señala que los defensores del voto electrónico dicen siempre que nadie puede probar jamás que las elecciones electrónicas hayan sido trampeadas y al respecto replica: “Por supuesto que ése es el gran problema. Que nunca podemos probarlo. Porque el diseño de los sistemas previene ante todo la detección de fraude. Es el crimen perfecto”
Es por ello que deviene urgente generar una clara conciencia de rechazo a las implicancias de esta reforma. El triunfo de una ideología que reposa en la exaltación tecnológica no puede imponerse sobre la política como sistema de organización de la convivencia y herramienta de transformación. De ocurrir lo primero, como señalara Mempo Giardinelli: “Para una democracia electoral como la nuestra, lo que estos tipos están tramando es un crimen perfecto contra la voluntad de la ciudadanía.”
Finalmente, suponer que una reforma electoral que introduzca el voto electrónico va a mejorar el sistema democrático es un exceso de optimismo y un déficit de autoestima política. Quienes creemos en la política como herramienta fundamental de transformación consideramos que el voto es un componente esencial a nuestra forma de vida –máxime cuando a diferencia de otros países es obligatorio- como para dejarlo al arbitrio de mecanismos no controlables.
