“En efecto, nuestro país en general y nuestra provincia en particular atraviesan un escenario de crisis social, económica y financiera sin precedentes”, remarcó Mattiauda y agregó que se presenta “un panorama extremadamente negativo que requiere de una reacción urgente por parte de todo el sector político, el cual debería enfocar su accionar de lleno en la búsqueda de soluciones, que den respuesta concreta a los problemas reales de la comunidad”.
Señalo, además que, en la última reunión de comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los diferentes sectores que integran el mencionado Consejo “expresaron su opinión en sentido contrario a la modificación, entendiendo que existe un equilibrio en la actual composición”. “Entiendo que se trata de una modificación que persigue un único objetivo: otorgar mayor participación al Poder Ejecutivo en la composición del órgano encargado de llevar adelante la selección de los jueces”, remarcó Mattiauda.
Lo mismo señaló dias pasados, Esteban Vitor, diputado provincial de Juntos por el Cambio, al manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley que busca modificar la composición del Consejo de la Magistratura. “No me explico por qué se quiere cambiar algo que viene funcionando bien en cuanto a la representación de los estamentos y que no forma parte de la agenda de la sociedad”, dijo.
El proyecto de ley que ingresó el último martes a la Cámara de Diputados de Entre Ríos procura modificar la conformación en la integración del Consejo de la Magistratura y darle mayor participación al Poder Ejecutivo, que aumentaría sus representantes de uno a tres.
La iniciativa, que lleva la firma del presidente de la Cámara, Ángel Giano, y que elevaría de once a trece el número de integrantes del organismo encargado de la selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial, plantea la necesidad de “asegurar el equilibrio entre los sectores que lo integran, por tal razón se modifica la representación del Poder Ejecutivo Provincial en un número igual que los representantes del Poder Judicial y la Academia”.
Actualmente, son once los integrantes del Consejo de la Magistratura: el representante del Poder Ejecutivo, que es el secretario de Justicia; dos representantes de los abogados, designados por voto directo de los profesionales; dos representantes de magistrados y funcionarios judiciales, también seleccionados por voto directo; tres profesores universitarios de universidades que otorguen título de abogado, al menos uno de una casa de estudios de la órbita estatal; un representante por los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
La modificación que ahora se impulsa en la legislatura elevaría de once a trece el número de integrantes: tres del Poder Ejecutivo; dos de la abogacía; dos de la magistratura y la función judicial; tres profesores universitarios de materias de Derecho, titulares, adjuntos o asociados, de universidades públicas o privadas, con sede o domicilio en Entre Ríos, dos de ellos de universidades de la esfera pública, con paridad de género; un representante de los empleados judiciales; dos, de las organizaciones sociales.
Sin embargo, ayer, el Consejo Superior de Uader declaró de Interés Institucional la propuesta que se debate en la Legislatura entrerriana en torno a la Ley Provincial Nº9996, en la cual uno de sus objetivos es garantizar la representatividad de las universidades públicas con asiento en la provincia en la integración del órgano que concreta la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial.
El Rector, Luciano Filipuzzi, al dar inicio a la reunión puso énfasis en “la importancia de estar discutiendo la representatividad de las universidades en el organismo que resuelve quiénes van a ser jueces y funcionarios de la fiscalía y la defensoría”. Opinó que “es fundamental, para garantizar mayor democracia y participación, que sean parte de ese ámbito las universidades que tienen asiento en la provincia y que cuentan con docentes que son abogados de carrera, que dictan cátedras de derecho y que poseen una gran idoneidad, experiencia y conocimiento del territorio”, según ‘Entre Ríos Ahora’.
La Uner se expresó en igual sentido. La Universidad Nacional de Entre Ríos ha expresado sus argumentos y fundamentos académicos en la sesión llevada a cabo el viernes 29 de julio de 2022 convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, valorando también la perspectiva sobre los Derechos Humanos, de género y la dimensión de transparencia sobre la que se avanza en el proyecto aludido.
Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos se avala la reforma legislativa propiciada, quedando a disposición de las autoridades competentes para colaborar -si así fuese requerido- en su análisis y tratamiento por considerar fundamental coadyuvar en la conformación institucional de la Provincia de Entre Ríos.
Alineado al PRO se mostró la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), el gremio de los empleados judiciales, desde donde se manifestó «preocupación por el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura provincial, que tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y que apunta a elevar de 11 a 13 el número de miembros que lo componen, con mayor participación del Ejecutivo, que aumentaría sus integrantes de uno a tres».
