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Reforma constitucional: las pequeñas comunidades rurales quieren ser tenidas en cuenta

Estuvieron presentes en las reunión los presidentes de las Juntas de Gobiernos de Las Moscas (Lorenzo Rotela), Libaros (Osvaldo Udrizard), San Cipriano (Elvio Torran), Colonia Elía (Ramón Barrera), los presidentes electos de Villa San Marcial (Felipe Saldivia), Tala (Osvaldo Lepratti), Estación Rocamora (Rubén Bonín), el Coordinador de Juntas, Néstor Lacuadra y el Director de Asuntos Institucionales y Jurídicos de la Municipalidad de Basavilbaso, Hugo Valdiviezo.
Los dirigentes expresaron en una nota que fueron perjudicados por el cierre del ferrocarril, el vaciamiento de las empresas que eran el “corazón” de estas comunidades y el cambio de la dinámica de la producción rural. Muchos pobladores rurales fueron a engrosar la población urbana.
Los datos son elocuentes: en 1960 la población de Entre Ríos se repartía en partes casi iguales entre el campo y la ciudad: en el área urbana habitaba el 49,50% y en la zona rural el 50,50%. Pero dos décadas después la situación comenzó a cambiar: 68,8% de personas ocupando franjas de terreno en áreas urbanas y apenas un 31,2% en el campo. El mayor cambio ocurriría en la década del noventa: 77,4% y 22,6% respectivamente. En el 2.001 se registraron 949.250 entrerrianos en áreas urbanas (82%) y 208.897 habitando el campo (18%).
En la actualidad dicho proceso sigue su marcha a través de la unificación de la producción obligando a “modernizarse” o “irse”. Los agronegocios con compra y alquiler de propiedades a pequeños y medianos productores, el desmonte y las fumigaciones y el cultivo a gran escala de granos (soja y maíz) “es depredador y rompe en cada hectárea el mito de ‘generador de trabajo’”.
la nota señala que el “gran desierto verde” aplasta la diversidad cultural y biológica, y debe ser contenido por un proyecto político: “donde se contemple la situación de nuestras pequeñas comunidades y la necesidad de su defensa y recuperación”.
La próxima reforma constitucional deberá contemplar un nuevo sistema político de gobierno con un nuevo marco legal que contenga: autonomía, poder de policía propio y funciones expresas que “hoy se cumplen a partir del ingenio de los hombres y no producto de un texto expreso”.

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