La inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso de todos, pero esto no parecería importarles a las obras sociales y prepagas, ya que este tipo de retrasos en los pagos, se repiten año tras año; generando molestias, enojos y cansancio, no solo en los padres que luchan por la inclusión de sus hijos en cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad, sino también de los profesionales que trabajan con los mismos, ya sean acompañantes pedagógicos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y maestros integradores, que se ven obligados muchas veces a abandonar a sus pacientes por cuestiones de esta índole. “Todos los años es lo mismo, el año pasado estuvimos en la misma situación y el profesional necesita cobrar, como toda persona que trabaja y nuestros niños necesitan si o si tener una integración en las escuelas, por eso necesitan tener un acompañante”.
El reclamo se centra en la falta de pago de todas las obras sociales, mas precisamente el retraso en el pago de las prestaciones. Las personas con discapacidad tienen derecho a la salud y a la educación, motivo por el cual necesitan determinadas terapias y tratamientos, ante los cuales, los padres, tutores y/o encargados de los niños, presentan las facturas correspondientes para que luego sean reintegradas. Justamente es aquí donde se genera la problemática, obras sociales como IOSPER, tienen una demora de hasta un año en el pago o reintegro de dichas prestaciones y actividades.
Una profesional de la salud, que se encontraba presente en la manifestación, nos comentó más o menos el funcionamiento de las obras sociales para con los profesionales. Sostuvo que en su caso particular: “brindo prestaciones individuales en consultorio local y particular a niños con discapacidad, los cuales tienen certificados que acreditan que la sufren, y que además poseen obra social; para esto se presentan en las oficinas de cada prepaga, en tiempo y forma carpetas con presupuestos, pedido de médicos a cada obra social, a partir de allí, la misma lo autoriza y nosotros comenzamos a dar la prestación. El tema es que algunas obras sociales deben hasta meses del 2018, mas todo lo que va del 2019. En mi caso voy a tener que cortar algunos tratamientos, entonces esto se convierte en un no cumplimiento y un no respeto para con los derechos de las personas con discapacidad, de tener sus tratamientos adecuados”. Asimismo, un padre agrego “Uno junta todos los papeles, se presentan a término, ellos pretenden que uno cumpla con todo lo que nos piden, y uno cumple, hace un esfuerzo para presentar todo a término, pero por parte de ellos no hay ningún resultado positivo”
Esto obviamente afecta a la calidad educativa de los chicos y dificulta muy gravemente su integración. Hay maestras que continúan dando la prestación, a pesar de que IOPSER tenga un atraso de meses en los pagos, porque entienden que no se debe abandonar al niño con discapacidad, pero también son participes de que no saben hasta cuándo van a poder sostener esta situación, porque no pueden trabajar gratis. Si bien es una cuestión de vocación y empatía para con el otro, son conscientes de que necesitan vivir y mantener sus familias, solventar sus gastos.
Recién en julio de este año, algunas profesionales recibieron el pago del mes de marzo y luego el depósito de la correspondiente remuneración desapareció, quedo estancada. “Y estamos a mediados de octubre con esta preocupación de que, a pesar de tener el recurso de amparo ganado, de que la justicia dice que es un derecho y que merece tener una maestra que lo acompañe para tener una educación digna, el IOSPER no cumple con lo que tiene que cumplir”
A su vez los padres sostienen que es muy difícil solventar los gastos que acarrean los tratamientos médicos, los traslados y las determinadas terapias que necesitan sus hijos, ya que muchos de ellos solo tienen un sueldo como único ingreso familiar. En la situación económica en la que se encuentra nuestro país actualmente, esto se agrava aún más, ya que todo sale más caro y el sueldo esta cada día más precarizado.
Ante esto, los docentes de educación especial, tanto de nivel primario, como de nivel secundario, alertan sobre la difícil situación de quienes trabajan como prestadores de obras sociales en la función de acompañantes pedagógicos en integraciones de personas discapacidad dentro del marco escolar. Y por ello exigen el cumplimiento real de la ley nacional 24901 en la que se establece el sistema de prestaciones básicas en la atención integral de las personas con discapacidad, y a su vez denuncian importantes atrasos en los pagos que llegan hasta la totalidad de lo trabajado este año.
