La localización por parte de la Policía de siete ciudadanos bolivianos indocumentados y sometidos a condiciones laborales infrahumanas provocó que el consulado de Bolivia con asiento en Rosario se convierta en querellante en la causa judicial a fin de reclamar sanciones directas a los acusados del ilícito.
Tras conocerse la noticia que daba cuenta de penosas situaciones a las que era sometido un grupo de personas que trabajaban en una explotación hortícola, llegó hasta Paraná el titular del consulado de Bolivia en Rosario, Williams Medrano, quien se interiorizó de la situación de los siete ciudadanos (dos menores y cinco mayores).
“Nos vamos a constituir como querellantes porque queremos que esto no vuelva a ocurrir más, no queremos que haya gente que haga la trata de personas, que organice un vil negocio y vejámenes repudiados desde todo punto de vista”, referenció para alertar: “El dueño de la quinta en Paraná es responsable del ilícito, y más allá que diga que la arrendó a otro boliviano, tiene responsabilidad penal del delito de sometimiento y servidumbre”.
El diplomático comentó a diario Uno que reclamará a las autoridades de la Justicia federal acelerar los trámites que “deriven en la detención de los acusados para que esto no vuelva a ocurrir”.
“Vamos a sentar un precedente y vamos a luchar para que esta costumbre tenga su condena penal como corresponde. Nos sorprende que haya gente que gane dinero abusando de los derechos y garantías de otras personas y hasta de menores de edad”, alertó Medrano.
La División Trata de Personas localizó en la tarde del martes a siete personas viviendo en penosas condiciones sin contar con el respaldo de documentos y trabajando casi de modo esclavo.
El procedimiento fue ejecutado en forma conjunta con funcionarios de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos; de la Dirección Provincial del Trabajo y de la Dirección Nacional de Migraciones.
Los investigadores de la Policía tenían datos de la posible existencia ilegal en el lugar de personas de nacionalidad boliviana.
Se supo que el lunes a la noche fue localizado en la terminal de ómnibus de Paraná a una persona de Bolivia que trataba de regresar a la ciudad de Tarija, pero sin contar con la documentación ni el dinero necesario para poder embarcar hacia el altiplano. Esto fue detectado por personal de facción de Trata de Personas que se encontraba controlando la llegada y salida de pasajeros de la capital entrerriana.
Ante esto, los pesquisas de la División Trata de Personas realizaron distintas diligencias que determinaron la posible existencia de más personas indocumentadas y viviendo en condiciones infrahumanas en una quinta de verduras ubicada en uno de los ingresos a la capital provincial.
A modo de descargo, el dueño del campo aseguró que había arrendado la propiedad a una tercera persona, posiblemente oriunda de Bolivia, quien se iba a hacer cargo de la explotación y del trabajo del campo y para ello iba a realizar la contratación de operarios.
