Sugestivamente, el proyecto, que llevaba más de dos meses en estudio, fue aprobado en una sesión que comenzó horas después que el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, visitara al gobernador Jorge Busti en Casa de Gobierno.
El proyecto había sido presentado por la diputada provincial Lucy Grimalt (La Red-Paraná) y fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara Baja. La iniciativa planteaba la posibilidad de incorporar en el texto de la Ley de Salud Reproductiva Número 9.501 la aplicación de métodos contraceptivos quirúrgicos en el sistema público de salud a pedido de los interesados.
Inmediatamente levantó una enorme polémica en distintos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia, y hasta el propio Busti tuvo que salir a aclara que no formaba parte de su programa de gobierno y que en caso de ser aprobado, lo vetaría.
En consonancia con el gobernador, las comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción; y de Legislación General, que presiden los senadores Carlos Garbelino (PJ-Victoria) y Mariano López (PJ-Colón) emitieron despacho desfavorable. Antes Busti había asegurado que no pasaría de senadores, cumplió.
Argumentos en contra
Uno de los motivos esgrimidos por los senadores fue que el artículo 87 de la Constitución provincial establece que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, sino cuando vuelva a presentarse y fuera apoyado por dos tercios de votos de los miembros presentes de la cámara que lo rechazó”.
Además, Garbelino también realizó una extensa exposición en la que planteó que las modificaciones propuestas iban contra las disposiciones que rigen el ejercicio de la medicina.
Pero fundamentalmente, el presidente de la Comisión de Legislación General reconoció que los integrantes de las comisiones que abordaron el tema se reunieron con el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, quien planteó su posición, obviamente, rechazando tales modificaciones.
Incluso, horas antes de la sesión, el prelado estuvo en Casa de Gobierno reunido con el gobernador Busti, y si bien ninguno de los dos aludió públicamente al proyecto que permitía la ligadura de trompas y vasectomía, la sucesión de los hechos, dejó sembrada la duda.
En tanto, el senador López expresó que “la competencia sobre el tema no pertenece a esta Legislatura provincial”, y citó para fundamentar su postura el artículo 91 del Código Penal, que califica como “lesiones gravísimas a todo aquél acto que impida en forma permanente la fecundación”, y observó que en este tema el bien jurídico protegido es la fecundación humana natural. En ese sentido, sostuvo que el Código Penal no puede ser modificado por la Legislatura entrerriana.
