El ex capitán auditor acusado de llevar adelante las asesorías legales durante los Consejos de Guerra que se montaron para incriminar a las víctimas del terrorismo de Estado, había solicitado su excarcelación y, ante el rechazo en primera instancia del juez Gustavo Zonis, insistió ante la Cámara.
El 19 de marzo Appiani –quien también es abogado– fue trasladado hasta los Tribunales Federales, donde ejerció su autodefensa en el marco de la audiencia realizada para tratar su recurso de apelación. En esa oportunidad argumentó que la recuperación de su libertad no constituiría riesgo de entorpecimiento en la causa Área Paraná. Pero el tribunal decidió rechazar su incidente, confirmaron fuentes ligadas a la causa a diario Uno.
Appiani, oriundo de Rosario, tenía 23 años en 1976 y se desempeñaba como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra Estable N° 1 y N° 2 de la Subzona de Defensa 22 – 2/22 “Paraná”. Se le imputa su participación, en calidad de autor mediato de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes, que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.
Según el Poder Judicial son 33 las víctimas que lo reconocen y denuncian en los diferentes centros clandestinos de detención: Batallón de Comunicaciones, Unidad Penal Nº 1 y Unidad Penal Nº 6 y Base Aérea.
Se le atribuye su participación en la desaparición de Claudio Marcelo Fink, secuestrado en su casa de Jujuy 273 de Paraná, el 12 de agosto de 1976; y de Victorio José Ramón Erbetta, detenido por fuerzas conjuntas de la Policía Federal y del Ejército Argentino el 13 de agosto de 1976, al anochecer, en la Universidad Católica de Paraná ubicada por entonces en Urquiza y Ferré.
