“Nos llegó la información de que los dos candidatos se habían retirado del Iosper, es decir, no realizaban más aportes, cosa que nos parecía absolutamente impugnable, una actitud muy poco solidaria de su parte. Por lo tanto, nuestra opinión como representantes de la sociedad civil fue ponerles un cero y pedir que se declare desierto (el concurso)”, indicó Uranga.
Sin embargo, el representante informó que sus posturas “no fueron compartidas por los demás consejeros, quienes sí entendieron que era realmente una falta grave, pero no la consideraron eliminatoria. Les pusieron un puntaje más bajo y finalmente se promedió entre todos, dándosele 10 puntos a Benítez y nueve a Funes Palacios”, agregó.
“Una vez terminado el concurso, se envía la propuesta al gobernador, quien manda el primer pliego al Senado, que es quien le da el acuerdo. Luego el Poder Ejecutivo saca un decreto designando a la persona para el Poder Judicial” recordó Uranga.
Igualmente destacó que las calificaciones logradas por los dos abogados son “muy bajas con respecto a otras, pero quisimos llamar la atención porque antes no lo sabíamos, pero descubrimos que hay muchos jueces que con un criterio rechazable dejaron de aportar siendo los principales aportantes del Iosper, quebrando el principio de solidaridad que guía a la obra social y en general a la cobertura del Estado”, agregó.
El próximo paso del organismo será el concurso para un Juzgado de Instrucción de Concepción del Uruguay que se realizará en febrero. Será el último concurso antes de renovar los integrantes de este Consejo.
