En ese marco, fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de Informes al poder Ejecutivo, para saber si tomó conocimiento, de la presentación efectuada por ante el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos, por un grupo de abogados penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en donde informan sobre la fuerte sospecha, que se estarían realizando interferencias telefónicas en su perjuicio, en una clara violación al derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones, reconocido por nuestra Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales.
Los diputados, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuadi Sosa, Antonio Julián Rubio, Pedro Ullúa y Jorge Monge, apuntaron que de ser así, "se estaría avasallando y agraviando el derecho que tienen los abogados, en general del libre ejercicio de su profesión, el principio constitucional de defensa en juicio y el derecho a la privacidad, es decir, ese derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad por parte del Estado, reconocido no solo en nuestra Constitución Nacional y Provincial sino también, internacionalmente en diversos documentos".
Finalmente los legisladores del radicalismo requieren conocer del poder Ejecutivo, "que medida realizó por intermedio del Ministerio de gobierno y/o organismo para investigar o en su caso aclarar la grave denuncia, hoy publicada en diversos medios periodísticos de nuestra provincia, efectuada por los profesionales integrantes penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos mencionada en el inciso precedente" .
También piden que se informe "si el poder ejecutivo y/o algún otro organismo provincial, recibió algún tipo de pedido de informe o medida judicial, remitida por el Poder Judicial de nuestra provincia y que en su caso remita a esta Honorable Cámara los antecedentes de los mismos".
