En relación al reciente “despido por razones políticas” denunciado en DIARIOJUNIO por el propio damnificado, Abel Ormazabal, el comité departamental de la UCR señala que “la discriminación por razones políticas está prohibida por nuestra Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y por las leyes que protegen los derechos humanos y su práctica por quienes detentan los Poderes del Estado afecta gravemente el sistema democrático”.
Asimismo, el comunicado firmado por el presidente de ese partido, Alcides López (h) apunta que “de ser éste el caso, que repite el episodio anterior que afectara a la contadora Municipal, sería a su vez reiterativo del despido masivo de empleados provinciales que se efectuara por el actual gobierno de Entre Ríos al comienzo de su gestión y que afectó a miles de simpatizantes radicales, pero esta vez violando los derechos de los propios militantes del partido oficialista”.
En tanto, para la Agrupación interna “Arturo Illía”, “en los 18 primeros meses de gestión de la intendencia Cresto se nota un progresivo y meditado debilitamiento de las instituciones de control de gestión en el municipio”.
El comunicado firmado por Ricardo Giménez y Analía Cardozo, señala que “ante una oposición fragmentada y dividida, la comisión de control del gasto público cumplía un cometido importante para todos los concordienses” por lo que, calificaron como “un gesto autoritario y despótico, cercenar esa herramienta de control”. A renglón seguido, mencionan como otro hecho similar, la pretensión de “destituir a una contadora (en referencia a Liliana Viera) designada mediante los mecanismos constitucionales y así nuevamente volver a suprimir instituciones y funcionarios que permiten el control democrático de la gestión municipal”.
El comunicado finaliza diciendo que “Solo el respeto a la Constitución y a las leyes nos garantizará un futuro mejor, la falta de control genera condiciones para la corrupción y el autoritarismo y de esto el pueblo de Concordia está cansado”.
