La entidad argumenta que está legitimada por la Resolución del Ejecutivo Nacional Nº 100 del año 1989, además del marco constitucional que preserva la propiedad intelectual. Sin embargo, desde el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú sostienen que por escuchar radio en los comercios no hay que pagar absolutamente nada, y que incluso en otras provincias ya existen fallos judiciales que avalan esa postura, como en el caso de Córdoba.
Ante esta situación, el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú, si bien reconoce que muchos asociados ya recibieron las Cartas Documentos por la que se los intima “dentro de las 72 horas de recibida la presente” a abonar las retribuciones correspondientes, el presidente, Eugenio Bourlot, recomienda a los comerciantes a acercarse a la entidad para responderla institucionalmente y no de manera personal.
En este sentido anticipó que tanto la Cámara Mercantil como la Cámara Argentina de Comercio están trabajando en esa línea, para evitar el pago de un gravamen por escuchar radio en un comercio.
Para Bourlot las negociaciones con AADI-Capif están semiparalizadas, por cuanto esa entidad hasta carece de representantes en Gualeguaychú y tan sólo tiene un cobrador que no está autorizado a establecer negociaciones. Para el Centro de Defensa Comercial esta avanzada se inscribe dentro de la “extorsión al comercio” y afirman que de ninguna manera están dispuestos a renunciar a sus derechos de escuchar radio.
Desde el Concejo Deliberante también se están movilizando diversas acciones, tendientes a modificar de raíz la Resolución de la ex Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación, y que no sólo tiene el objetivo de evitar injusticias sino también la de legislar con racionalidad y lógica un gravamen que no guarda ninguna proporción para las dimensiones de los comercios.
Para los comerciantes es una aberración jurídica confundir el encendido de una radio como compañía para las largas horas de trabajo con la de estar difundiendo con fines comerciales la ejecución pública de música.
“AADI-Capif sostiene que si se pasa música hay que pagar. Lo que decimos nosotros es que el comerciante tiene toda la libertad para informarse y para eso usa la radio”, le dijo a EL DIARIO Eugenio Bourlot.
Al tiempo que destacó que el cobrador de AADI-Capif es a su vez el que audita y fiscaliza. “Tampoco existe una cuenta pública donde poder pagar y si existiera cómo se puede acredita que el pago es mío, lo mínimo que deben otorgar es un número de contribuyente, si es que quieren cobrar”, agregó.
“Más allá de que entendemos que toda persona que trabaje tiene derecho a cobrar por la actividad que hace, nos parece absolutamente desprolija la forma en que se pretende cobrar. En estos términos no nos pueden cobrar nada”, enfatizó.
La municipalidad de Gualeguaychú tampoco está exenta de este reclamo, ya que AADI–Capif quiere cobrarle por la música fonograbada que se escucha en el teléfono, cuando alguien se comunica con la Comuna. Al ingresar la comunicación a la central, y mientras la persona espera, en línea ser atendida, rompe el silencio el Vals a Gualeguaychú.
Días pasados, ingresó por mesa de entradas del Municipio una carta documento (fechada el 13 de abril) enviada por la entidad que recauda las retribuciones de los artistas y productores de fonogramas, reclamándole a la Comuna el pago de una factura del año 2000 por 200 pesos, más intereses y gastos.
Se trata de una intimación para que la Municipalidad le pague a AADI–Capif porque “en el predio sito en calle Irigoyen 75, se comunicó al público el sonido de música fonograbada”. Y en ámbitos del Ejecutivo comunal aseguran que el reclamo puede ser únicamente por la música del Vals a Gualeguaychú que se escucha en el teléfono, ya que consideran que no existen otros sonidos difundidos al público.
Sobre el tema, todavía no hay una respuesta oficial desde el Municipio, donde analizan la cuestión y buscan elementos que permitan aclarar exactamente que es lo que reclama AADI– Capif. Empero, el secretario de Gobierno, Sergio Delcanto, expresó que desde la entidad hay “demasiado celo para con el municipio y el comercio, en un afán recaudatorio que no entendemos”.
