El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró ayer que espera que la prisión militar de Guantánamo, ubicada en Cuba, esté cerrada antes del fin del mandato del presidente Barack Obama, en enero.
“Esa es mi esperanza y mi expectativa”, afirmó Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, celebrada ayer en Estocolmo. El cierre de esa prisión, creada en la base naval estadounidense en 2002 por George W. Bush, es una de las promesas hechas por Obama desde su campaña. Su gobierno anunció hace una semana la mayor transferencia de presos de Guantánamo, en un día. Trasladaron quince prisioneros (doce yemeníes y tres afganos) hacia los Emiratos Árabes, para dejar en 61 el número de internos en el penal.
Sin embargo, la decisión de liberar a esos hombres fue descripta como “temeraria” por los republicanos, que argumentan que pone en riesgo la seguridad nacional. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, criticó a Obama ayer mediante un correo electrónico relacionado con la recaudación de fondos. El magnate señaló que él como presidente se negará a cerrar Gitmo (como le dicen los estadounidenses a Guantánamo) y a tener terroristas radicales islámicos extranjeros que sean juzgados en los sistemas judiciales regulares de los Estados Unidos. “Los estadounidenses se oponen al cierre de Guantánamo y a la liberación de terroristas en nuestras costas. Esto tiene que terminar y tiene que terminar ahora”, escribió Trump, que anteriormente había dicho que Estados Unidos necesita un lugar muy seguro para mantener a los terroristas.
Por su parte, el senador Kelly Ayotte, de Nueva Hampshire, aseguró en un comunicado: “El informe no clasificado que obtuve del Departamento de Defensa demuestra que estos detenidos recientemente liberados son los peores terroristas que podrían poner en riesgo nuestra seguridad nacional y la vida de nuestras tropas”.
Con las transferencias de la semana pasada, quedan sólo una veintena de presos en Guantánamo sin cargos en su contra y que ya recibieron el visto bueno para ser transferidos a un tercer país, ya que el Congreso mantiene su moratoria en las transferencias a territorio estadounidense. De los 41 restantes, siete tienen cargos en su contra, 17 son los llamados “prisioneros eternos”, que son considerados peligrosos, pero sus testimonios están tan marcados por torturas que sus casos no avanzarían en la Justicia ordinaria, y otros 17 que esperan que su caso sea revisado o enviado a las comisiones militares (tribunales castrenses para presos de Guantánamo).
En relación con el cierre, es justamente el Congreso el que tendrá la última palabra. Obama, que en lo que va del año redujo la población carcelaria de Guantánamo por debajo del centenar, aún debe convencer a los representantes, de mayoría republicana, de que el cierre de esa prisión es una buena medida para la estrategia de seguridad nacional.
El Congreso estadounidense sigue oponiéndose a que los sospechosos de “terrorismo”, algunos acusados por participar intelectual o materialmente en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos u otros ataques con víctimas de ese país, viajen a territorio estadounidense, así sea para pasar el resto de sus días entre rejas o para ser puestos en un corredor de la muerte. La mayoría de los presos de la prisión en la isla no están acusados de ningún delito y languidecen en un limbo de detención indefinida sin apenas derechos y que se justifica en la ley militar contra los llamados combatientes enemigos.
Pese al impulso que tomaron los traslados, cerrar el penal de Guantánamo se ha convertido en una de las promesas de Obama más difíciles de cumplir, como muestra el hecho que seis de los quince transferidos recientemente llevaban más de seis años con el visto bueno para ser enviados a un tercer país y completar su liberación.
