En el escrito presentado ante el juez federal Leandro Ríos, los querellantes consideraron que los médicos Jorge Eduardo Rossi, Miguel Albeto Torrealday y David Vainstub deben ser juzgados por haber hecho incierta, alterado o suprimido la verdadera identidad de Sabrina y el Melli –en calidad de partícipes necesarios– y por la retención y ocultamiento de ambos –como coautores. Además deben responder por la desaparición forzada del varón.
En el escrito afirmaron que los tres médicos, en su carácter de socios fundadores del IPP, coordinaron el ingreso de los mellizos, autorizaron su permanencia y su egreso, omitiendo dar aviso al Juzgado de Menores. El aporte de los médicos posibilitó que la niña fuera llevada a Rosario, donde fue abandonada en una casa de huérfanos y posteriormente adoptada, y que se perfeccionara la apropiación del varón. Estos delitos son crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en el marco del genocidio que asoló a nuestro país entre 1976 y 1983.
En marzo de 1978 los niños nacieron en el Hospital Militar de Paraná, adonde la detenida desaparecida Raquel Negro había sido trasladada desde la Quinta de Funes para dar a luz. Luego los mellizos estuvieron internados en la Neonatología del IPP –clínica conocida en Paraná por su vinculación con el Sanatorio del Niño– con identidad falsa y separados de sus familiares. De allí se los llevaron personas no autorizadas; la niña restituyó su identidad en 2008 mientras que del niño todavía se desconoce su paradero.
Para el caso del Melli, consideraron que debe aplicarse el tipo penal de “Desaparición forzada de persona”, incorporado al Código Penal en 2011, ya que se dan las condiciones indicadas en la ley. Entre otros: la víctima es una persona nacida durante el cautiverio de su madre; los imputados actuaron “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, y privaron de la información relativa al paradero del niño a su familia biológica, no dieron intervención a la Justicia y permitieron la entrega del mismo a personas ajenas al grupo familiar.
En el escrito sostuvieron que: “Los niños no podían haber ingresado al Instituto sin que los médicos conocieran su origen y brindaran su consentimiento”. Y Además: “Accedieron a su ingreso y permitieron que permanecieran allí por más de quince días sin tomar ninguna medida al respecto”.
Por eso entendieron que Vainstub, Rossi y Torrealday deben rendir cuentas en juicio oral y público, como también que se debe avanzar todos los procesos de lesa humanidad que tramitan en la provincia.
“No hay marcha atrás posible en los juicios. Rechazamos el vaciamiento de programas nacionales que contribuyeron al avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Nos oponemos al intento del Gobierno Nacional de introducir la figura del arrepentido en las causas de lesa humanidad, en un intento por garantizar la impunidad de los genocidas. Apelamos al Poder Judicial a no permitir ningún retroceso y avanzar en el juzgamiento de todos los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado”, expresaron por último.
