El fiscal Mario Guerrero le informó esta mañana a Bonelli que hace una semana se recibió en forma oficial la comunicación de la decisión del juzgado cuyo titular es Gustavo Pimentel. “El Juzgado se declaró incompetente por lo tanto, lo que nos queda es esperar el fallo de la Justicia provincial”, indicó.
La Subsecretaría no accedió a los fundamentos de la decisión. “Esto me enteré hoy al mediodía. Nosotros en estos días vamos a estar remitiendo por escrito y esperamos tener los detalles del porqué se declara incompetente”, añadió. Tampoco descartó consultar a un abogado para apelar la determinación judicial.
La denuncia en el Juzgado Federal había sido promovida por el bloque de legisladores radicales el 22 de abril pasado. El diputado Marcelo López manifestó a DIARIOJUNIO ese día que creyeron necesario hacer una denuncia formal para que se investigue el hecho porque en el Juzgado Federal se está investigando una causa sobre desaparición de personas o crímenes de lesa humanidad pero no había una causa específica que investigue la destrucción de material que se podía utilizar como prueba en aquella causa.
La presentación de la denuncia en los tribunales federales se suma a la presentación de una exposición en la Justicia ordinaria realizada por la Subsecretaría. Al mismo tiempo, Bonelli le preguntó a Guerrero como marchaba la causa en los tribunales locales. “Él me dijo que están trabajando a pleno y que la Fiscalía pidió a distintas reparticiones que tienen que ver con el tema información. Hay información complementaria que está esperando le remitan a él para poder seguir”, señaló.
En 20 o 30 días, la Subsecretaría volverá a solicitar información acerca de la marcha de la causa. Además de manifestar su compromiso de seguir de cerca el tramitar de la causa, Bonelli expresó que si pueden hallar datos nuevos de interés para el expediente, van a volcarlo a la Fiscalía.
De acuerdo a la ley de Archivo, 7452 del año 1984, está prohibido destruir documentaciones con valor jurídico y/o histórico-cultural. No obstante, un acta del 10 de marzo de 2004 ordenaba la quema de varios archivos, entre ellos los “libros de guardia de las distintas dependencias policiales del ámbito de la Jefatura Departamental Concordia”. El acta llevaba las firmas de la entonces Directora de Archivo, Graciela Bascourleguy, el jefe de policía departamental en ese momento, Alfonso Rubén Gregorutti y del asesor Legal, comisario Vicente Marcelo Terzaghi, entre otros.
En Concordia siempre se aseguró (sin prueba documental) que, en esa departamental estuvo “chupado” el obrero ferroviario desaparecido Sixto Zalazar. En el libro quemado debió estar asentado ese hecho ocurrido el 26 de mayo del 1976. Apenas 4 meses después del expurgo, el 8 de julio 2004, el ex gobernador Jorge Busti promulgaba la ley de Registro Único de la Verdad que, en su artículo 2º pone a disposición de ese Registro los “archivos de la policía”.
