“Fuimos minuciosos, dimos los detalles que debían darse”, manifestó Bonelli. El 22 de marzo de este año fue a la Jefatura a buscar documentación y se encontró con que una parte había sido quemada. Mientras exponía, Bonelli vio a la ex directora de Archivo a su derecha ubicada en las gradas del recinto de la Cámara. “Se quedó hasta el final de la exposición nuestra”, dijo pero luego la perdió de vista.
Bascourleguy es una de las personas que tendrá que declarar ante la Justicia sobre la quema de los expedientes ya que fue una de las firmantes del acta que ordena el expurgo. Justamente, la Subsecretaría accedió de manera extraoficial al documento fechado en 2004 ya que una nota enviada en abril a la Jefatura de Policía de Concordia, donde se solicita información sobre posibles expurgos del año 83 a la fecha, aún no fue contestada.
En tanto, el ex gobernador Jorge Busti también presenció la conferencia y no hizo comentarios al respecto. Sólo se limitó a preguntar si habían visto la firma de algún funcionario de la gestión anterior en los expedientes. “Nosotros le dijimos que no; que hasta la semana pasada no teníamos que algún funcionario haya firmado o haya ordenado”, señaló Bonelli. Busti también explicó a los legisladores radicales lo que se había hecho durante la gestión de Sergio Montiel, quien había derogado la Semana de la Memoria.
En tanto, López no cree que se esté cerca de saber quien ordenó la quema de los expedientes. Para ello cree que debe realizar una “investigación judicial profunda” que determine la responsabilidad de hacer desaparecer las potenciales pruebas para ser incorporadas a las causas que se tramitan en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Justamente en el mismo Juzgado los diputados radicales presentaron una denuncia por la quema de los expedientes. López indicó que no tienen conocimiento del estado en el que se encuentra la causa. No obstante, opinó que la Justicia Federal es el ámbito donde se debe investigar el tema.
La aclaración la hizo debido a que María Isabel Cacciopoli, la abogada querellante de algunas causas por delitos de lesa humanidad que acompañó a Bonelli, reveló hoy que tiene información respecto de que la fiscal del Juzgado Federal estaría declinando su su competencia. “No me parece razonable y espero que la Justicia Federal esté dispuesta a investigar a fondo sobre esta cuestión”, señaló.
Por otra parte, dijo que la Cámara de Diputados es el ámbito de contralor del Ejecutivo. “Siempre vamos a observar la posibilidad de requerir los controles que creamos conveniente respecto de los actos del poder Ejecutivo”, indicó López. Además no descartó poder hacer contribuir al esclarecimiento de la causa mediante el aporte que pueda hacer alguna persona. “Queremos que se sanciona no solamente la conducta de los represores sino también de quienes contribuyen al borrado de las pruebas que ayudarían a las condenas de aquellos represores”, dijo el legislador.
Por su parte, Bonelli señaló que el tema está en la Justicia y no quieren tener ingerencia en el desarrollo de la investigación. De todas formas, sostuvo que pueden seguir aportando elementos de interés. “Los familiares quieren saber de las responsabilidades porque esto se presta por allí a que no sólo una persona sino varias estén sospechadas”, agregó.
