La ley no equipara a la psicología con la psiquiatría sino que busca, entre otras cosas, regular el uso de los psicofármacos y la internación para evitar su abuso. Sería interesante poder explicar a INFOBAE y los psiquiatras que participan en dicha nota el significado de la multidisciplinariedad: lograr la mayor amplitud de perspectivas para así brindar un servicio de calidad. Durante años la internación y medicación fueron los únicos tratamientos avalados, lo que intenta esta ley es reivindicar a los usuarios del sistema de salud como sujetos de derecho.
Comencemos por el título: “La rara Ley de Salud Mental argentina que recela de la psiquiatría y la niega como ciencia médica”. En primer lugar, en ninguna parte de la noticia se explica por qué se considera “rara” la ley en análisis, así como tampoco se señala en qué parte de la misma se niega la psiquiatría como ciencia médica. Sin lugar a dudas, el titular no es inocente, ni mucho menos descuidado. No tiene otra finalidad más que generar en quienes lo leen un profundo sentido de enojo e injusticia hacia el aparato estatal. “Vos olvidate de que sos médica”.“Me había costado siete años llegar a ser médica” “Acá somos todos iguales”. Todos los días vemos este tipo de frases en los medios de comunicación. Pero ¿podemos ver la intención con la que se las utilizan? Una profunda ira nos convoca cuando pensamos en el supuesto de un profesional de la salud, que le ha dedicado años de su vida a estudiar, a especializarse, que se ha quemado las pestañas para adquirir conocimientos… y ahora la ley de salud mental los trata como si no fuesen profesionales, como si sus estudios no fuesen ciencia. ¡Qué barbaridad! “El servicio se llamaba ‘de Psiquiatría’ y festejaron cuando se tiró el cartel y se lo reemplazó por ‘Servicio de Salud Mental’”. ¡Qué injusticia tan terrible que no se centre la atención en los psiquiatras, sino en la salud mental del paciente! ¿Cómo es posible que ahora un equipo interdisciplinario formado por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, entre otros, sean quienes decidan respecto de la salud mental de aquellos con padecimientos de tal naturaleza?
Pareciera que aquellos que estudiaron, por ejemplo psicología, se dedicaron a perder el tiempo, al igual que los asistentes sociales. ¿Cómo es posible que alguien que estudió (en promedio) 6 años psicología pueda opinar respecto de pacientes con problemas mentales en igualdad de condiciones que un psiquiatra?
No es novedad que ciertos medios de comunicación buscan pregonar en contra de la igualdad, convirtiéndola en el villano que sólo intenta colocar en paridad de condiciones a aquellos que no lo están, que no la merecen, porque no se han esforzado en igual medida, entonces ¿por qué merecerían el mismo trato?.
Dicha lógica no escapa al texto (porque de noticia no tiene nada, la ley de salud mental es del año 2010) que INFOBAE publicó, con la ¿sola finalidad? de colocar en el lugar de “pobres profesionales menospreciados” a los psiquiatras. ¿Quién más pierde poder/dinero con una ley como esta? Y sumado a ello el permanente sentimiento de impotencia que intentan generar en el lector con este tipo de información.
Nada más lejano de la realidad. La ley de salud mental no resta importancia al dictamen del psiquiatra, simplemente lo coloca como parte de un equipo (también de profesionales).
El texto toma como referente a Juan Aspitarte (M.P. 80939), psiquiatra desde 1981. Quien afirma que “Esto es responsabilidad de quienes han minimizado la acción de la psiquiatría -señala-. Incluso diría que el 30 por ciento de la violencia de género que vemos es patología psiquiátrica pura”. Daría la impresión de que un fenómeno tan grave y sensible como es la violencia de género podría reducirse en un 30% si dejásemos en manos de psiquiatras la posibilidad de encerrar en manicomios a los violentos. ¿No genera un poco de ruido esta lógica tan simplista? y agrega: “Esta ley nos ata de pies y manos. Fue armada por psicólogos, firmada por abogados y reglamentada por juristas… Es como si voy a operar y traigo a un kiosquero. Es como equiparar al pediatra con la maestra jardinera”.
Cabe señalar en primer lugar, que en el debate respecto de la ley de salud mental también participaron psiquiatras. Y segundo, remarcar que los demás profesionales (léase psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, entre otros) que tienen intervención a la hora de decidir respecto de la internación de pacientes con padecimientos de salud mental, no son kiosqueros, ni merecen tan terrible ninguneo. Volvemos a lo antes dicho, se busca generar odio, repudio y menosprecio hacia el resto de los profesionales de la salud que ahora participan en esta toma de decisión, la que antes se encontraba en manos exclusivas de los psiquiatras.
Seamos claros, no se niega a la psiquiatría como ciencia, ni se busca dejarla de lado en cuestiones de salud mental. La finalidad de la tan criticada ley es humanizar y socializar el trato hacia los pacientes que sufren tales padecimientos. Es darle fin al manicomio como institución que encierra, excluye y margina a los enfermos mentales. Busca reconocer que son sujetos de derechos y que deben ser tratados como tales. Parecería nuevamente que la finalidad de INFOBAE es provocar rechazo y descontento con la ley que los “iguala” y los defiende contra el trato que históricamente se les venía dando, de personas que con la sola firma de un psiquiatra podían ser excluidos de la sociedad.
“En concreto, la ley le quita preeminencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental al profesional médico; habilita a un psicólogo a diagnosticar psicopatologías, a medicar, a internar y a externar.” ¡Nada más falso! Invito a los lectores a que busquen en la ley de salud mental algún artículo que diga esto. Nuevamente, la necesidad de desinformar nos avasalla.
En ningún artículo se autoriza a psicólogos a medicar. La ley expresa en su artículo 12 que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios, es decir, que la necesidad de su administración sea analizada desde la perspectiva del equipo interdisciplinario, pero jamás autoriza a los psicólogos a medicar. Es evidente como se tergiversa el sentido de las palabras utilizadas en la ley, a los fines de desinformar respecto de su real espíritu.
“Una especialidad de cuatro años es equiparada a cursitos de meses para tratar a pacientes mentales”. “Se nos equipara con la asistente social y el profesor de educación física.” Otra vez, superioridad de los psiquiatras y desvalorización hacia el resto de los profesionales. Nos volvemos a chocar con la necesidad de separar y colocar una distancia insalvable entre unos profesionales y otros.
“En opinión de Carricart, “más allá de lo ideológico, está lisa y llanamente la cuestión económica, menos camas y menos asistencia por parte del Estado (…)”. La realidad es que para el Estado representa un gasto muy superior el pago de salarios a los nuevos profesionales que ahora conforman los equipos interdisciplinarios que tienen intervención en los casos de salud mental, que el mantenimiento de las camas en las que antes se encerraban a los enfermos. Difícilmente pueda entenderse como mayor garantía de Derechos hacia los enfermos mentales, el hecho de poder ser marginados en un manicomio con la sola firma de un psiquiatra; en lugar de analizar tal internación bajo la mirada de diversos profesionales en la materia (aunque no se les reconozca tal capacidad, y se los equipare a kiosqueros o maestros jardineros, con el debido respeto que tales actividades merecen).
En conclusión, podemos continuar citando líneas de la noticia en cuestión, y sólo podremos ver que está llena de mentiras y frases que entrañan el sólo fin de provocar en el lector odio, bronca hacia el sistema de salud, y desinformación.
La ley de salud mental, lejos de cuestionar o desvalorizar a los psiquiatras, los coloca dentro de un equipo interdisciplinario, conformado por otros profesionales, que merecen el mismo respeto que los primeros. Es fundamental en esta materia dejar de lado el discurso basado en el odio, la diferencia y la separación. La salud mental merece el respeto y la responsabilidad de todos los profesionales, entendiendola como una problemática que no puede ni debe ser tratada mediante la sola prescripción de medicamentos o internación del paciente, sino merecedora de un análisis interdisciplinario y humanizado.
