En el anuncio del domingo, el presidente especificó que se desclasificaban los testimonios de los agentes de inteligencia en el juicio por las manipulaciones que hubo en la investigación. Al final del proceso, terminaron condenados casi todos los imputados, incluyendo el juez Juan José Galeano, los fiscales, los titulares de la SIDE, jefes y agentes de los servicios de inteligencia. Aquellas declaraciones en el juicio se mantuvieron en reserva, es decir que sólo las conocieron las partes del proceso. Ahora se harán públicas. Incluyen, por supuesto, los detalles de cómo se le pagaron 400.000 dólares al principal imputado, Carlos Telleldín, para que marque a algunos policías como las personas a las que entregó la camioneta Trafic que luego estalló en la AMIA.
Sin embargo, tal vez el material más valioso serán los informes y documentos sobre el atentado que hasta el momento nunca se conocieron. Sergio Burstein, que perdió a su esposa en el atentado, puso como ejemplo que existe un informe denominado Operación Cacerola que tiene que ver con una oferta millonaria que los servicios de inteligencia norteamericanos le hicieron a Mohsen Rabbani –el sindicado como organizador del atentado– para que dejara las filas iraníes. Burstein recordó que el documento sobre la oferta y una reunión entre la CIA y la SIDE fue presentado en el juicio por encubrimiento, maniobras en la investigación, y surgió de una revisión de los documentos hecha en la central de espías.
En otra parte del texto, la CIA sugiere que si Rabbani no acepta la oferta, debe ser expulsado del país. Lo asombroso es que el documento es de 1997, tres años después del atentado, lo que significa que hasta el momento a Rabbani se lo trataba con mano de seda, que no se lo detuvo y le permitieron volver a Irán sin problemas. Material de este estilo es el que ahora se va a desclasificar.
Pero aún más interesantes pueden ser los informes sobre pruebas o diagnósticos de los servicios de inteligencia, argentinos y extranjeros. La versión es que hay cajas y cajas llenas de material que todavía no se analizó. Según las fuentes cercanas a la iniciativa, también se van a desclasificar esos documentos, pero sin revelar el origen: o sea, no se dirá que proviene de tal o cual servicio de inteligencia. En los últimos meses, el magnífico documental de Justin Webster en Netflix permitió conocer la opinión del delegado de la CIA en la Argentina, Ross Newland, quien sostuvo que no encontró evidencias de la culpabilidad de Irán. Habrá que ver si aparecen otros papeles con ese u otros diagnósticos.
Un dato llamativo es que, según las fuentes consultadas por este diario, no hay informes de la AFI relacionados con la muerte de Alberto Nisman. El cuerpo del fiscal apareció en el departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, por lo que el hecho estuvo en la órbita del gobierno de CFK durante casi un año. Después del traspaso del mandato, la administración macrista insistió en que el fiscal fue asesinado, presuntamente por un comando extranjero –iraní-venezolano, dijeron– y que el crimen tuvo vínculo directo con el caso AMIA. Como se ve, desde todos los ángulos debería haber informes. Están los que afirman que los hombres que lideró Gustavo Arribas, que estuvo al frente de la AFI en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, destruyeron documentos antes de irse.
Deberá verse la redacción del decreto de desclasificación. Por ejemplo, si abarca lo que ocurrió con Nisman o no. Pero es indudable que la decisión del mandatario y la actual titular de la AFI puede ser un paso adelante en la transparencia de un caso que tiene mucho más de oscuridad que de claridad.
