El mandatario Moreno informó el martes que se vio precisado a decretar el toque de queda para responder a supuestas “acciones conspirativas”, en referencia a las protestas que se realizan en varias partes del país suramericano contra la reforma económica neoliberal que anunció la semana pasada.
Restricción de libertad de movilidad
Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron en un comunicado que la restricción de la libertad de movimiento estará vigente en Quito, en el centro histórico, el complejo legislativo, la zona de hospitales, la Fiscalía, instalaciones gubernamentales y la Corte Nacional de Justicia.
A nivel nacional, se resguardarán las instalaciones militares y policiales, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, refinerías, pozos petroleros, hidroeléctricas e instalaciones de distribución eléctrica, entre otras zonas.
Toque de queda, sus implicaciones
Las Fuerzas Armadas dejaron en claro que quienes infrinjan estas normas, “serán inmediatamente detenidos y puestos a las órdenes de las autoridades competentes”.
Hasta el momento, las autoridades reconocen que durante las protestas ha muerto solamente un manifestante.
La bancada opositora de la Revolución Ciudadana estimó el martes que han sido detenidas unas 500 personas y ha habido centenares de heridos, mientras que en Twitter el medio @RalitoDigital aseguró que ya van nueve personas asesinadas, más de 600 detenidos y miles de lesionados.
Para defensores de los derechos humanos, los riesgos de que se decrete un toque de queda son que las fuerzas de seguridad se extralimiten en sus funciones, generando violaciones a las garantías individuales.
El director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, en una entrevista para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sostiene que en este contexto una emergencia se puede usar como una excusa para reprimir a las personas.
El profesor de Derecho Osvaldo Burgos opina que el toque de queda debería ser “la última alternativa del Estado”, pero los gobiernos lo utilizan como la primera solución.
El abogado criminalista Javier Santiago Santos, también consultado por el CPI, resaltó el peligro de que se cometan actos arbitrarios por parte de las autoridades.
“¿Qué pasa con la gente que se detiene dentro del toque de queda? No sabemos”, expresó.
