Qué hay detrás del contagio de VIH en el Hospital Materno Infantil San Roque

Mediante la Resolución 1.915 y 1.916 el Ministro de Salud de la provincia dispuso la separación del doctor Carlos Zanaschi del cargo que ocupaba en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque y el inicio de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades por el contagio de VIH de una paciente de 28 años que fue transfundida en dicho nosocomio días antes de dar a luz, el 9 de octubre de 2006. La joven recibió la transfusión en septiembre, pero recién esta semana supo que la sangre -donada por un joven de 18 años- estaba infectada y por lo tanto ella también es ahora seropositiva.
Llamativamente, la noticia tomó estado público hace un par de días, a raíz de la denuncia radicada por el doctor Zanaschi ante el Juzgado de Instrucción Nº 8 a cargo de la doctora Elisa Zilly y no por una presentación realizada por la damnificada ante el Estado provincial. Es que el bioquímico Zanaschi sostiene que su firma está adulterada, como así también el registro de la serología, en el libro de asiento donde constan cada uno de los estudios de laboratorios de rigor.
Si bien nadie quiere hablar públicamente debido a la connotación social que ha cobrado el tema, los profesionales que conocen el trabajo del área -y el desempeño que cada uno de los técnicos y trabajadores tienen de rutina- responsabilizan a Zanaschi. El profesional, además, viene siendo objeto de severas críticas por la permanente presión psicológica que ejerce sobre los empleados y compañeros de equipo, lo que ha motivado varias quejas formales al respecto.Por estas horas el secreto de sumario establecido por la Fiscalía cierra más las posibilidades ya que a partir de ahora nadie está habilitado para hacer declaraciones sobre el tema hasta tanto la Justicia avance en la investigación.

Crónica de una tragedia
Según quedó notificado en los registros médicos, el 25 de septiembre de 2006 se practicó la transfusión de sangre a la mujer que cursando la última etapa de su embarazo debía ser compensada. Para ello, los técnicos del Servicio de Hematología tomaron los sachets de los refrigeradores, con su debida identificación y testeo, y buscaron en el libro de asiento la información correspondiente -donde figura la rúbrica del bioquímico responsable-. De este modo, los técnicos verifican varias cualidades de dichas muestras que permiten, entre otras cosas, saber a su vez si esa sangre a transfundir es compatible con el receptor.
Supuestamente, y de acuerdo al registro del libro del Hospital San Roque, la sangre estaba en condiciones de ser transfundida a la joven madre y no presentaba ningún inconveniente, ya que figuraba como “reactiva negativa”.
Como metodología, una vez que se realizan las tareas de acuerdo a los protocolos médicos -normas que deben ser cumplidas taxativamente-, todos los plasmas que no han sido utilizados se remiten a la Planta de Hemoderivados de Córdoba, una entidad modelo que funciona desde 1971 y con la cual la provincia de Entre Ríos tiene un convenio que establece la derivación de plasma para la fabricación de hemoderivados tales como albúminas, gammaglobulina y elaboración del FACTOR VIII, producto imprescindible para el tratamiento de la hemofilia, entre otros.
(VER Planta Modelo).
Estas remisiones no se hacen sino pasado un período de tiempo, cuando cada centro –luego del almacenamiento especial en refrigeradores- reúne una cantidad suficiente –por lo general entre 200 y 300 Kg de plasma humano congelado- para que la entidad cordobesa realice la recolección y pase a retirar los sachets acondicionados. Fue así que el envío de plasma, donde estaba la sangre infectada- se efectuó en diciembre de 2006.
Una vez en Córdoba, las muestras vuelven a ser sometidas a estudios de control y es allí cuando se comprueba que desde Entre Ríos se había enviado una con carga viral positiva. Así se notifica inmediatamente sobre la reactividad de la serología positiva de la sangre donada en el Servicio, a fines de enero de 2007 mediante una comunicación telefónica, y oficialmente llega un Informe de Recepción y análisis serológico de la Planta de Córdoba con fecha 7 de marzo de 2007.
Ante la primera de estas advertencias, los jefes de los servicios controlaron los datos vertidos en el libro de donantes, donde regularmente figuran todos los detalles de los estudios de laboratorio efectuados.
Ese día 25 de septiembre -cuando se efectuó la donación- todos los datos están registrados como “reactivos negativos” -inclusive el de otros dadores-, corroborado a su vez por la firma de los técnicos bioquímicos responsables, en este caso la firma del Doctor Zanaschi.
Quienes conocen la tarea de rutina que se realiza en el servicio, no dudan en señalar que ante la evidencia de su error, Zanaschi acude a la justicia como parte de su estrategia para salvar su nombre, argumentando que le falsificaron la firma y que esos datos no fueron transcriptos por él. Por su parte el bioquímico señala que el hecho de haber sido separado de su cargo es un acto de persecución por parte del secretario de salud, Dr. José María Legascue, quien notificó en las últimas horas la decisión, como parte de una medida precautoria y hasta tanto se expida la justicia.
Pero otro detalle -no menor- se suma a este episodio. Por esos días – entre el 25 y el 27 de septiembre de 2006- el servicio no contaba con reactivos necesarios para hacer las muestras de laboratorio, debido a un atraso en el abastecimiento por parte de la empresa proveedora. “Esto suele suceder con cierta frecuencia” señala un profesional habituado a la tarea quien explicó además que por eso mismo “se intercambian reactivos o se derivan los plasmas entre el Hospital San Roque y el Hospital San Martín, y funcionan como si fueran una misma entidad”. De allí que Zanaschi enviara las muestras al Hospital San Martín para que se efectuaran los estudios bioquímicos de rutina.
Nadie entiende entonces qué sucedió. Efectivamente en las planillas que remiten desde el Hospital San Martín los bioquímicos confirman que esa sangre era “reactiva positiva” lo que significa que el donante es VIH positivo. Sin embargo en la trascripción en el libro de asiento del Hospital San Roque, figura la firma del doctor Zanaschi avalando un “negativo”.
Para Zanaschi, se trataría de una adulteración de firma, y de la información que él asentó, por lo cual decidió acudir a la justicia donde radicó formalmente la denuncia, sin siquiera notificar a sus superiores de la medida que iba a adoptar.
Tras la denuncia efectuada por Zanaschi, llegó el operativo policial que -con una órden de la Jueza Zilli- llevó a cabo el secuestro del libro de donantes y de transfusiones en el marco de la investigación judicial. Posteriormente fue la propia jueza quien se acercó hasta el hospital para requerir información sobre el funcionamiento del servicio, y metodología de trabajo, en una larga audiencia con los responsables de servicio.
Mientras tanto otro capítulo se abría: poder determinar el paradero del joven de 18 años que había donado la sangre para poder realizarle otros estudios más complejos que permitieran corroborar las pruebas anteriores. Esta tarea estuvo a cargo del responsable del Programa Provincial de VIH/SIDA, Dr. Héctor Crámaro, quien se encontró con el problema de que al buscar al joven donde se estimaba que podría tener su paradero, se informó que éste se había trasladado para trabajar fuera del país. Así su localización resultó todo un trámite, que recién en esta semana permitió localizarlo y efectuarle los tests de mayor complejidad.

Preguntas sin respuesta:
Hasta el momento quedan varios interrogantes dando vueltas sin una respuesta convincente. En primer lugar no se entiende por qué fue pasando el tiempo sin que se iniciaran acciones preventivas en la asistencia de la madre, así como de su bebé recién nacido, con lo cual se perdió un tiempo valiosísimo en la prevención como es por ejemplo el de suspender la lactancia. La falta de notificación inmediata a la madre, hizo que al igual que su bebito, su marido haya corrido riesgo de contagio. Así se podría haber iniciado un tratamiento dentro de lo que se denomina período de “ventana”, es decir cuando no hay síntomas y tampoco sale en los estudios la serología positiva. Recién en las últimas horas se efectuaron los estudios de carga viral al marido de la joven y al bebé, tarea que requiere de especialistas, ya que la extracción de sangre debe hacerse en vena y por lo tanto se precisa de un experto extraccionista para el caso del pequeño.
Así queda en el aire la pregunta de por qué no se ubicó rápidamente al receptor de la sangre infectada para que se iniciara en forma inmediata el tratamiento preventivo, con lo cual se hubiera intentado revertir la situación de alta de exposición que tuvo el pequeño recién nacido, en un período esencial de prevención, sobre todo teniendo en cuenta que fue a fines de enero cuando desde la Planta de Hemoderivados de Córdoba se dio información en forma telefónica de lo que estaba ocurriendo.
Del mismo modo, el hecho que el tema haya quedado expuesto en los medios, visibilizó un problema que venía manejándose puertas adentro, sin que por ello se hubiera encontrado solución. Los propios trabajadores del servicio habían elevado una nota pidiendo que se separara al doctor Zanaschi de hemoterapia, ya que todos se sintieron sospechados cuando adujo que le habían adulterado su firma. Asimismo otros trabajadores del área, dos técnicos, una bioquímica y una mucama tienen hoy licencia por estrés agudo laboral, sostenida desde hace un tiempo, debido a las presiones que venían soportando en el área donde se desempeñaba hasta ayer el profesional. Si esto es así, surge a su vez el interrogante respecto a saber por qué en un tema tan delicado, en una tarea que requiere tanto rigor científico -así como concentración y dedicación mental- se dejó a una persona que estaba cuestionada por sus pares, es decir otros técnicos y especialistas.
El tema adquiere aún mayor dramatismo, cuando en estos temas se llega a la incertidumbre. Si hubo una falla humana, quién está en condiciones de asegurar o garantizar, que ese error no se produjo también en otros casos que aún no han sido notificados? La respuesta de un especialista en hematología consultado por ANÁLISIS es “nadie”.
Nadie, significa que también podrían existir otros casos, que aún no han presentado síntomas, y que cuando salgan a la luz, tal vez ya ninguno recuerde que este contagio se produjo en el ámbito del estado, en un hospital público de la provincia de Entre Ríos.

Controles
Para entender el procedimiento y despejar algunos interrogantes respecto de la metodología que se utiliza en los hospitales públicos ANALISIS consultó a varios especialistas quienes sostienen que es prácticamente inviable que se trate de un error técnico.
Cuando una persona va a donar sangre, tanto en el Hospital San Martín como en el San Roque, se hace un chequeo clínico al donante además de las preguntas de rutina que permiten establecer si ha pasado por alguna situación de riesgo, como por ejemplo el haberse realizado un piercing, o tatuaje, haber recibido alguna transfusión en los últimos meses, haber padecido alguna enfermedad infecto contagiosa. Luego se efectúa la separación de la sangre en sus componentes plasmáticos y celulares para posteriormente clasificar con patrones biológicos esa sangre -lo que comprende estudios inmunohematológicos y la detección y control de las enfermedades transmisibles por la sangre-.
Es un control de laboratorio para más de diez parámetros bioquímicos en los cuales se detectan enfermedades y problemas de salud, como control de chagas, VIH, entre otros, algo en lo que según los especialistas “técnicamente no hay lugar para el error”.

Planta modelo
La idea de procesar derivados del plasma surgió en la década del 60, en la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina, encabezada por el Dr. Ricardo Landaburu.
Para concretar lo que en sus inicios parecía un sueño, acudieron al presidente Arturo Illía, quien inmediatamente hizo uso excepcional de sus fondos reservados para destinarlos al inicio del montaje de una Planta de Fraccionamiento de Proteínas Plasmáticas.
Fue por ello que la iniciativa se implantó en la Universidad Nacional de Córdoba, alejada de toda connotación comercial y de los grandes intereses económicos que se ponían en juego en la Capital del país.
Los próximos años transcurrieron en el diseño de los planos, la construcción del edificio y la adquisición del equipamiento.
En 1971, la primera parte de la obra estaba culminada y comenzó el desarrollo de los primeros medicamentos y la puesta a punto de los procesos de producción.
El 22 de agosto de 1974, la autoridad sanitaria nacional de la época, la Secretaría de Salud del Ministerio de Bienestar Social de la Nación, habilitó la planta que funciona hasta la fecha.

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