Me sobrepongo y sigo leyendo. Resulta que me entero de que cobraba algo que nunca cobré por un trabajo que nunca hice. Dicen que salía por teléfono dos veces por semana en un programa de la mañana cuando iba todos los días al edificio de Maipú 555. Trabajé durante casi ocho años en programas diarios, más de un año fui de lunes a sábados porque trabajaba en dos programas. Los últimos dos años el programa se emitió a diario por la tarde. ¿Tan difícil es chequear esos datos mínimos?
El ensañamiento tiene como regla no corroborar datos que si se caen le quitan contundencia a la infamia. Todos corruptos y además ñoquis es la consigna a imponer. No hay derechos ni convicciones auténticas para quienes miden todo con su propia vara.
Vayamos al planteo legal. En la Argentina, a pesar de las interpretaciones de turno, existen leyes vigentes en el sistema democrático. Los trabajadores tenemos derechos consagrados por esas normas y los empleadores las tienen que cumplir. No existen leyes laborales para trabajadores de prensa de los medios públicos y leyes laborales para trabajadores de prensa de medios privados. El Estatuto del Periodista es de orden público y no hay ningún acuerdo de parte que lo pueda modificar. La ley de Contrato de Trabajo no diferencia fueros privados de públicos para los periodistas.
Se supone que quienes representan al Estado deben ser los garantes de los derechos de los trabajadores y, mal que les pese, los periodistas, pensemos como pensemos, integramos ese colectivo. Cuando alguna de las partes incumple la ley es la Justicia la encargada de dirimir los conflictos. El derecho de defensa no puede ser bastardeado por una campaña de hostigamiento. No pretende ser esto un apunte de instrucción cívica básica pero, a veces, es imprescindible explicar lo obvio.
Así opera la infamia: algún dato cercano a lo cierto en medio de un lodazal de mentiras.
