Ante la resolución de Duque, comenzaron las críticas de quienes aseguran que esto solo beneficia a los narcotraficantes, pues la penalización de la dosis mínima significa, además de atacar al eslabón más débil de la cadena (los consumidores), un incremento en el costo de la droga. Varios especialistas coinciden en que el decreto, contrario a lo que dicen Duque y los miembros del Centro Democrático, no va a acabar con el problema real que es el microtráfico. Por el contrario, la medida puede ser contraproducente y continuar alimentando, además, el beneficio de los grandes narcotraficantes.
Inés Mejía, experta en política y regulación de drogas, explicó que la medida, que supuestamente sólo quiere atacar el eslabón del microtáfico, es una manera de penalizar el porte de drogas, aunque Duque pretenda lo contrario, “En realidad le están cargando al consumidor el problema del microtráfico”, sostuvo Mejía. La especialista consideró que este decreto reveló la intención del Gobierno de volver a las políticas de tolerancia cero, a la mano dura. “Sabemos que los enfoques prohibicionistas generan más impactos negativos que el mismo consumo de drogas. Esta mediada de mano dura va en contravía del sistema de derechos humanos y del sistema de salud pública”, explicó Mejía.
Asimismo, diversos expertos y políticos ratificaron que el decreto es anticonstitucional, por lo que estaría condenado a no superar el examen de la Corte Constitucional y quedar sólo una medida populista tomada por el mandatario.
Según Hernando Zuleta, investigador del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, la modificación de la Constitución para aprobar la medida, así como la judicialización del consumidor no va a ser sencillo. “Es un trámite largo, complicado, que tiene que pasar una gran cantidad de filtros y no creo que el Gobierno se vaya a desgastar en eso. Creo que quieren dar una señal diferente de discurso. Pero un cambio profundo tiene que pasar por la Corte Constitucional y no creo que vaya a pasar”, aseguró Zuleta.
Según el Gobierno colombiano, aquel que posea cualquier cantidad de droga deberá enfrentar un proceso administrativo y podría pagar una multa cercana a 70 dólares, mientras que quienes no puedan pagar serán detenidos y puesto a disposición de autoridades judiciales.
No obstante, el mandatario colombiano sostuvo que no se trata de llevar a la "cárcel al consumidor".
