En rigor, la iniciativa de la cartera que conduce Martín Guzmán está direccionada hacia los usuarios no residenciales que consuman más de 300 kW diarios. Por el momento, solo se excluyó del aumento que tendrá un impacto promedio del 50% en el precio final a las “instituciones públicas que prestan servicios de Salud y Educación de los tres niveles del Estado”.
“Creemos que las industrias PYMES no deberían estar incluidas en estos aumentos, ya que están en un proceso de recuperación que sigue siendo heterogénea por la pandemia”, advirtió Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA). Al mismo tiempo pidió diferenciar la situación de los sectores electrointensivos y que en caso de que haya que recomponer el valor de las tarifas “se haga de forma gradual”.
Empresas de la forja, fundición y metalmecánica son las que podrían verse afectadas por el aumento y sus representantes se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Energía. Se trata de sectores transversales a la industria que están insertos en las cadenas de valor del autopartismo, las agropartes, los fabricantes de válvulas y bombas para Oil & Gas, entre otros.
Fuentes del sector metalúrgico se mostraron sorprendidas por la definición. “Tuvimos reuniones previas con la cartera en donde charlamos la necesidad de reorganizar una política tarifaria que tenga en cuenta a las empresas que por sus actividades tienen alto consumo energético hace dos semanas y no nos adelantaron esta definición”, afirmaron a Ámbito.
Actualmente existe un régimen para de electrointensivos que fue creado en 2017 y podría ser una herramienta para diferenciar a este tipo de empresas. Sin embargo, no fue dotado de presupuesto por lo que no se aplicaron reintegros de ningún tipo. Por otro lado, no existe una definición clara de a quienes abarca esta categoría. Los criterios del programa, que nunca se puso en marcha, están basados en el consumo energético entre 2014 y 2015 y un listado de sectores que se armó en función de la categoría principal registrada en la AFIP.
Uno de los empresarios que motorizó la reunión de mañana adelantó que propondrán “crear un sistema inteligente para definir qué empresa necesita una ayuda para mantener su competitividad”. Al mismo tiempo, señaló: “no esperamos que sea gratuito, vamos a postular el requisito de cumplir con exigencias de eficiencia energética para poder mantener el beneficio”.
El reajuste en las tarifas llegó luego de un año de congelamiento y afectará a unas 2.900 empresas. Según indicaron fuentes oficiales la medida “permitirá generar un importante ahorro fiscal que dependerá del nivel de recuperación de la actividad y del consumo”. En ese sentido, los relevamientos preliminares marcan que sería cercano a los .000 millones.
