El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mide el costo de vida de una canasta fija de 440 productos. En los últimos años, pero fundamentalmente desde 2007, se ha instalado la idea de que la medición del IPC es sinónimo de inflación, cuando por inflación se define al «aumento sostenido y generalizado del nivel de precios y servicios». La diferencia la marcan los presidentes de la Cámara Argentina de la Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN), Víctor Hugo Benyakar; de la Confederación General Económica (CGE), Marcelo Fernández, y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, y el vicepresidente de la Cámara de Instaladores y Servicios para Aire Acondicionado (CISAA), Daniel Moreira.
Si bien es cierto que cada vez resulta más difícil cargar en el changuito del supermercado productos como cortes de carne vacuna, pretender reducir el término «inflación» a la medición del IPC esconde la intención de enfriar la economía, advierten los pequeños y medianos empresarios consultados por Buenos Aires Económico. También coincide con ellos el escritor adherente a Carta Abierta Jacob Goransky.
En ambos casos, piden diferenciar inflación de IPC, no por una cuestión meramente lingüística, sino para eliminar «expectativas inflacionarias» que terminen generando inflación. Según el economista Aldo Ferrer, estas «expectativas inflacionarias» responden a un comportamiento social que incorporó la «hipótesis» de que los precios crecen alrededor del 20 por ciento, dado que el alza de precios no se genera por los «actores clásicos» que producen tradicionalmente inflación, como el exceso de demanda frente a una escasa oferta.
Históricamente, hablar de procesos inflacionarios implica tener en cuenta variables económicas que exceden al IPC. Entre ellas el déficit fiscal, la emisión espuria de dinero (necesaria para cubrir el déficit), los agregados monetarios en relación con el PBI, la huida del peso y el consecuente miedo a ahorrar en moneda local, entre otras.
Basado en estos rasgos que siempre acompañaron a todo proceso inflacionario, el ministro de Economía, Amado Boudou, planteó que en la Argentina «no hay inflación» sino que se enfrenta un proceso de «tensión» y «reacomodamiento» de precios de algunos productos que componen la canasta básica de alimentos. De allí su fuerte impacto en los sectores que destinan al consumo la mayor parte de su ingreso mensual.
Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda recordó que «todo país que tiene crecimiento puede tener alguna tensión en los precios y esto no necesariamente es inflación». Con este argumento, el Gobierno pretende alejar la idea de apelar a viejas recetas para enfriar la economía, como bajar salarios, gasto público y jubilaciones.
La voz de las Pymes. Consultados por Buenos Aires Económico, los representantes de CAIBYN, CGE, CISAA y la CEEN coinciden en que en la Argentina no hay inflación sino alzas puntuales de precios. Argumentan que desde 2003 el país tiene superávit fiscal; no hay emisión espuria de dinero (las compras de dólares del Banco Central se incorporaron a las reservas legítimas generadas por el superávit fiscal y se aplicó una política de permanente desendeudamiento); los agregados monetarios no dejaron de subir alcanzando cifras inéditas, y no se registraron corridas del peso, sino por el contrario crecieron el ahorro y la inversión y los comerciantes incentivan la venta en cuotas fijas y en peso, en un plazo de hasta 52 meses.
Entonces, si no hay inflación ¿cómo explican el alza en el costo de vida, ese que enfrentan los sectores más desprotegidos del país? Benyakar sostiene que la distorsión es «consecuencia» de los movimientos de precios «en la cadena de los proveedores, a los clientes». Para el empresario, «si cada paso de producción aumenta», cuando ese artículo queda a disposición del consumidor final «llega más caro».
El titular de CAIBYN responsabiliza por este alza a los «formadores de precios de todos los rubros», es decir a los que venden «los productos iniciales de cada cadena de comercialización», debido a que «cuando éstos suben se va generando un efecto acumulativo».
En igual sentido, el titular de la CGE advierte que en los últimos meses se «vienen registrando aumentos en los precios de las materias primas», pero que «no se puede decir que haya inflación». Sin embargo, Fernández señala que las pequeñas y medianas empresas siguen «de cerca» estos movimientos de precios para «alertar» al Gobierno en caso de que el perjuicio resulte «insostenible». Explica que mientras las su-bas se mantengan debajo del 8 por ciento, pueden afrontar el gasto sin trasladarlo al producto, pero saliéndose de ese margen la «competencia» con las importaciones es imposible.
El vicepresidente de CISAA coincide en que «la distorsión de los precios se da en primer lugar en los formadores mono y oligopólicos, y en las cadenas intermedias que aumentan ´por las dudas´». Según Moreira, son estos «formadores de precios» los que «aumentan para quedarse con el aporte de divisas que llega al mercado a partir de la Asignación Universal por Hijo». «Hay más dinero en el mercado y, como no es su estilo aumentar las inversiones para aumentar la producción, aumentan los precios de la actual cantidad de productos y así se llevan la misma cantidad de dinero sin riesgo ni esfuerzo», dispara el empresario.
Francisco Dos Reis sostiene que «no hay inflación, sino aumentos de precios fogoneados por grupos económicos concentrados». Según dice, «los productos que más aumentan son los que componen la canasta básica de los alimentos», que son «fabricados por multinacionales y corporaciones económicas locales».
Sin embargo, sostiene que «el país cuenta con grandes ventajas que no ponen presión sobre los precios, gracias a un modelo de desa-rrollo heterodoxo, que permite que la Argentina tenga superávit primario», además de contar con «reservas internacionales que le permiten mantener el tipo de cambio y estabilidad en todo el sistema financiero local», sumado a que «en los últimos años se registraron elevados niveles de inversión genuina».
«Son las corporaciones las que ajustan y hacen que todo suba. Finalmente, los buitres no son nada más aquellos que poseen títulos de la deuda pública argentina en el exterior. Hay otros buitres que están mucho más cerca y hasta nos afectan con mayor intensidad a los argentinos», asevera el empresario.
El alza de precios vs. las Pymes. Benyakar señala que «si la suba de cualquier precio no es acompañada con aumento de salarios, baja el consumo interno», afectando a las pequeñas y medianas empresas.
Fernández explica que como «las Pymes no son generadoras de precios», la imposibilidad de trasladar los aumentos al producto les produce una «pérdida de competitividad respecto de la importación», y que si esta situación se suma a las renegociaciones salariales, termina «ahorcando a las Pymes que vienen atravesando un buen momento».
Moreira coincide en que, como las Pymes «no son formadoras de precios, al tener un incremento en su materia prima, por un lado, si suben sus precios pierden mercado, y, por otro, si no lo hacen absorben el aumento y pierden rentabilidad, en el mejor de los casos».
El titular de la CEEN insiste en que los micro y pequeños empresarios no son responsables del alza de precios porque aumentar el valor de sus productos conlleva la «pérdida de cuotas de mercados» y una «brusca caída de la demanda». También remarca que, pese a soportar «las desventajas en el financiamiento respecto de las grandes empresas», el sector Pyme «deja su dinero en el sistema productivo».
«Las Pymes nos empobrecemos cuando se empobrece la sociedad. Representamos más del 70 por ciento de la demanda de mano de obra en la Argentina y el 40 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero nuestro protagonismo no pesa cuando de formar precios se trata. No podemos competir contra la capacidad de lobby concentrada que posee una multinacional», concluye Dos Reis.
Según datos del Ministerio de Industria y Turismo de la nación, a cargo de Débora Giorgi, el micro, pequeñas y medianas empresas generan el 40 por ciento del valor agregado de la producción, el 50 por ciento de las ventas totales y el 75 por ciento del empleo.
Propuestas para contener el alza de precios. Si se tienen en cuenta estos datos, la pregunta pasa a ser entonces ¿por qué se pretende disfrazar de inflación un indicador económico que releva el costo de vida mensual? Goransky sostiene que con esta distorsión se busca «desestabilizar al Gobierno». El miembro del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) advierte que «el peligro de la inflación por expectativas es que se puede convertir en una profecía autocumplida», y explica que las «diferencias» más que en torno de la inflación «giran alrededor del gasto público, del incremento de la tasas de interés y del peligro de inflación por la suba de salarios».
Como solución, Goransky propone una serie de opciones para frenar el alza de precios, como levantar Ferias en los barrios más carenciados, a través de organizaciones populares con el control de los CPG y modificar la pirámide de ingresos.
Por su parte, Ferrer sostiene que esta situación se revierte fijando «metas que permitan que el conjunto de los actores vaya trabajando con una hipótesis de menor inflación», como «fortalecer» la solvencia fiscal y -sin bajar el gasto público- «acomodarlo a la capacidad de pago del Estado».
Benyakar reconoce que «todos los empresarios, especialmente los industriales», deben aprender el «nuevo concepto» de que «a mayor demanda se deben bajar los precios, puesto que esta demanda es generada por una política industrialista del actual Gobierno para favorecer la generación de puestos de trabajo y el consumo en el mercado interno, que es el que mueve el 99 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas de la Argentina».
Por su parte, el titular de la CGE pide «prudencia a los grandes monopolios para que no aumenten precios ´por las dudas´», y destaca el rol que ha jugado el Gobierno al «hacer propios los reclamos del sector Pyme e intervenir cuando se ha necesitado». «Siempre hemos tenido en el secretario de Comercio Interior (Guillermo Moreno) un aliado que ha tomado nuestros reclamos», afirma Fernández, tras lo cual confirma que la entidad empresaria está «en conversaciones» con Moreno «sobre los aumentos de materias primas para tenerlo en alerta».
Para Moreira también «es fundamental que el Estado asuma el rol de fiscalizador en las ganancias de los formadores de precios y que se trabaje de inmediato en dos direcciones: una política diferenciada hacia las Pymes para que, impositivamente, puedan tener un cierto margen de maniobra, y otra en una política de desmonopolización de las actividades estratégicas para el desarrollo del país».
Dos Reis plantea, en tanto, que «habría que analizar dónde van a parar los 10.000 millones de pesos que inyectó la Asignación Universal por Hijo», al igual que «los fondos generados por las mejoras en los haberes de los jubilados y los aumentos de los salarios». Si es que «es el mercado interno en su conjunto el que se beneficia con la fuerte inyección de fondos a la economía o sólo los grupos concentrados». Esta estrategia persigue el objetivo de detectar que los aumentos de precios son «motivados por la acción concentradora de las multinacionales y corporaciones industriales», concluye.
Fuente: BAE
