Convencida de que es el Estado quien debe saldar las nefastas consecuencias de las complicidades entre la dictadura militar y los poderes económicos que aún hoy amenazan la continuidad de 160 puestos de trabajo y de una autogestión modelo en el mundo, la diputada y Presidenta de la Asamblea Nacional del Frente Grande, Adriana Puiggrós, presentó un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, situados en Callao 346, 350 y 360 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa de la diputada del Frente Grande se extiende, además, a los bienes muebles e inmateriales que tengan relación con la explotación turística, social y comunitaria excepto aquellos que hubieran sido adquiridos a título gratuito u oneroso por la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada.
Construido para fomentar el turismo durante el Mundial 78, gracias a subsidios del Banade (Banco Nacional de Desarrollo) que otorgó la dictadura cívico-militar, el Bauen tuvo su apogeo en los 80, hasta que la llegada de las grandes cadenas hoteleras internacionales fue mermando su actividad. Así, en medio de la feroz crisis del neoliberalismo de finales de los 90 y luego de despidos masivos, el hotel se declaró primero en convocatoria de acreedores en febrero de 2000 y finalmente en quiebra y fue cerrado el 28 de diciembre de 2001. En marzo de 2003, con la ayuda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), los empleados del hotel ocuparon el edificio defendiendo sus puestos de trabajo y luchando por la propiedad a través de activismo y negociación.
La iniciativa de Puiggrós establece, entre otras cuestiones, que los bienes expropiados “se destinarán al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada, fundada por los ex trabajadores del Hotel Bauen, quien deberá destinar y crear espacios de promoción cultural y realizar actividades educativas y artísticas”.
A efectos de profundizar este compromiso, la propuesta postula que la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada facilitará parte de sus instalaciones para el desarrollo de prácticas educativas laborales que permitan el aprendizaje de oficios relacionados con la hotelería, al mismo tiempo que celebrará convenios con universidades públicas para realizar prácticas relacionadas con las carreras de turismo, gastronomía, hotelería, cooperativismo y socioculturales, a fin de facilitar la posterior inserción laboral de los estudiantes.
La recuperación de fuentes de trabajo que llevó adelante la Cooperativa en estos once años es insoslayable: de 25 socios fundadores con que contaba en un principio pasó a tener 160 asociados, lo que supone un crecimiento del 640% en la plantilla laboral, que hoy percibe ingresos equiparables al convenio del sector. Aún más relevante, la política de apertura hacia la comunidad que, desde sus inicios, han sostenido los trabajadores integrantes de la cooperativa es reconocida por numerosas organizaciones sociales en el mundo.
Sin embargo, hoy este colectivo insignia entre las empresas recuperadas ve peligrar su continuidad debido a una sentencia firme de desalojo dictada por la jueza Paula Hualde del Juzgado Comercial Nro. 9, en el año 2007, con apelación de la cooperativa en segunda instancia y en recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia que fueron rechazados.
Si bien la jueza Hualde está llevando adelante encuentros de conciliación entre las partes, es perentorio que el Estado asuma la responsabilidad de su expropiación y posterior transferencia a manos de sus trabajadores, de manera tal de brindarles la seguridad jurídica necesaria para seguir demostrando con su esfuerzo que gestionan un bien factible de ser declarado de utilidad pública. En especial, cuando lo que está en peligro son 160 puestos de trabajo genuinos, además del perjuicio que reportaría para cientos de pequeños agentes de la economía social que fueron desarrollados como proveedores de bienes y servicios de la cooperativa: una política priorizada desde sus inicios.
El proyecto de ley de expropiación del Bauen de la diputada Puiggrós fue presentado el pasado jueves en la Cámara de Diputados de la Nación -ingresado bajo el número de expediente 2354-D-2014-, y acompañado por las firmas de los legisladores Herman Avoscan y Gastón Harispe. De esta manera, se busca resguardar las fuentes laborales y brindar a los trabajadores la seguridad jurídica necesaria para seguir demostrando con su esfuerzo que gestionan un bien factible de ser declarado de utilidad pública.
“Bauen lucha, cultura y trabajo” ha sido, durante todos estos años, una de las consignas centrales de los gestores de este espacio autogestionado de referencia para los movimientos sociales y los sectores populares del país y del mundo. Es hora de que esos trabajadores reciban una respuesta a la altura de sus luchas.
