Las autoridades puertorriqueñas aseguran no estar en condiciones de pagar una deuda de 73 mil millones de dólares, no obstante, la isla como estado libre asociado de Estados Unidos (EE.UU.) no puede declararse en bancarrota, de acuerdo con la legislación federal. El país deberá hacer frente a la deuda luego de que el Gobierno norteamericano no se planteara un rescate federal de la isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes que fue invadida por EE.UU. en 1898. En junio, la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo federal ofrecerá asesoramiento y un grupo de trabajo con el fin de crear programas que permitan superar la crisis, pero hasta el momento ese apoyo no se ha materializado.
En respuesta a las críticas por el incumplimiento del pago, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), Melba Acosta, sostuvo que no se pagó por el vencimiento de una emisión de deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por su sigla en inglés) y por falta de fondos asignados para el presente año fiscal. Para la funcionaria, la decisión de Puerto Rico refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con los acreedores y las obligaciones con el pueblo puertorriqueño.
Al contrario, la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne O. Krueger, realizó un informe en el que se plantea impulsar una serie de medidas neoliberales en la isla como la reducción del salario mínimo, privatizaciones, la eliminación del bono navideño, otorgar la libertad a los patrones para que puedan despedir a sus empleados sin implicaciones legales y aumento de las matriculas escolares, entre otras acciones.
