Casañas dijo “gracias a la buena voluntad de las partes” concretaron la rescisión del convenio. De ahora en más, el sector verde del puerto quedará en manos del municipio, y será incorporado como un paseo público de recreación y deportes. “Es un lugar estratégico, que tiene que ver con el desarrollo de la costanera, es un espacio muy valioso para la ciudad y tiene mucho que ver con la historia y la identidad de nuestra ciudad”, añadió.
El secretario de Planificación y Control de Gestión puntualizó que hubo un incumplimiento por parte de la empresa de los términos establecidos en la concesión original. “Está a la vista que no se cumplió con lo acordado”, dijo. Entre septiembre y noviembre de este año se hará entrega de los dos galpones y el resto del predio.
Los galpones deben ser entregados el 28 de octubre y el otro el 19 de diciembre. Si no se encuentran libres en esas fechas, por causas justificadas se prevé un plazo de gracia de 90 días improrrogable. Una entrega anticipada no otorga derecho a indemnización alguna.
Por su parte, la municipalidad debe entregar los bienes de Puerto Concordia en su poder en los talleres y el Campo del Abasto que habían sido secuestrados en el juicio (aunque estaban a disposición de la empresa). Parte de los cuales habían sido ya fueron entregados a la empresa, según expresa un correo enviado por el municipio. Además, se acordó que no se cobrará el canon por el tiempo restante en compensación por la rescisión y entrega anticipada.
Zigzagueos interminables
En mayo de 2004, la empresa cedió nuevamente los dos antiguos galpones, el perímetro vallado que rodea a los galpones, la dársena y el camino de acceso a la explanada inferior. En el convenio se establecía que los lugares cedidos tendrán como destino “la actividad del astillero y la consiguiente fabricación de lanchas, barcos y demás embarcaciones. La comercialización de productos náuticos y la realización de actividades similares a la principal”.
Bimestralmente, Puerto Concordia debía presentar ante la Secretaría de Gobierno y Hacienda, un informe indicando la actividad desarrollada en ese período con detalle de las embarcaciones fabricadas in situ. Además, el Ejecutivo disponía que el concesionario pagase una suma equivalente a 500 litros de nafta súper entre los seis meses y los 24 de vigencia del convenio, lo cual equivale a aproximadamente $ 1000. A partir del vigésimo cuarto mes, la empresa debería abonar un equivalente a 800 litros.
La decisión de Cresto significaba un giro de 180º respecto de lo que había realizado su antecesor, Hernán Orduna. Orduna había decidido rescindir la concesión, que data de la segunda intendencia de Busti (91-95) y trascendió la primera de Cresto (95-98). El Municipio había demandado judicialmente a la empresa mediante una medida autosatisfactiva que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5, argumentando la necesidad de reintegrar el puerto a la ciudad y el abandono reinante.
En el acta de constatación realizada por el oficial de Justicia que actuó en aquel entonces se comprobó la ausencia de elementos que delaten el funcionamiento de un astillero, tal fue el objetivo de la primera concesión que obtuvo Pallas. Incluso, hubo testimonios de personas que trabajan en el Puerto que afirmaban desconocer que se hayan construido barcos en los galpones, excepto reparaciones circunstanciales de alguna embarcación.
La sentencia ordenó que la Municipalidad tome la posesión del Puerto. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia. En ese ínterin la empresa concesionaria se presentó en concurso preventivo, y el Juez del concurso rechazó el pedido de intervención y restitución planteado por Puerto de Concordia, por lo que la Municipalidad retoma la posesión. Cresto alegaba que la decisión de Orduna “no llevó a buen puerto a nadie” y aseguró que “a todo los que quieran invertir le vamos a solucionar todos los problemas, para que puedan dar trabajo”. “No estamos para hacer pleitos, lamentablemente el Estado, siempre pierde los juicios” expresaba el ex intendente.
