“El gobierno provincial junto a los principales intendentes de la provincia han manifestado su voluntad de no aumentar los salarios de los trabajadores estatales, atento a la crisis que comienza a sentirse en las finanzas provinciales.
Simultáneamente se adoptan medidas tales como el aumento del impuesto inmobiliario provincial urbano y la rebaja del rural y la no implementación del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a los pooles de siembra, estas últimas anunciadas oportunamente por el Secretario de la Producción y luego desmentidas y/o postergadas por el gobernador. También los municipios aumentaron considerablemente sus impuestos y tasas, pero no los salarios de sus trabajadores.
Se anuncian cantidad de obras sin fecha de iniciación precisa con fondos nacionales, pero disminuye el monto que la Provincia recibe en concepto de coparticipación.
En resumen, una política absolutamente esquizofrénica y contractiva de la actividad económica.
Se declama la necesidad de sostener la demanda para enfrentar la crisis y evitar la caída de la actividad económica, y al mismo tiempo se restringe el gasto de la sociedad al aumentarles los impuestos y no otorgar aumentos salariales que compensen el menor consumo.
Resulta claro que estos lineamientos económicos se inscriben claramente en el marco de las políticas que dominaron la etapa menemista y aliancista de recurrir al ajuste del gasto público para enfrentar la crisis, en vez de incentivar el consumo social a través de inyectar dinero por medio de aumentos salariales o reducción de los impuestos y servicios que pagan los sectores de menores recursos. Es sabido que estos sectores vuelcan rápidamente al consumo cualquier mejora en sus ingresos.
Esta baja del poder adquisitivo de los sectores dependientes del Estado: estatales, docentes, municipales ha de repercutir necesariamente en la actividad comercial de la provincia, profundizando los signos recesivos que comienzan a advertirse.
Como consecuencia lógica, ha de incrementarse la conflictividad social en demanda de mejoras salariales.
Con este panorama a la vista, el gobierno provincial debería demandar a la Nación los recursos necesarios para mejorar el poder adquisitivo de sus trabajadores, considerando que el estado nacional está en mejores condiciones de apelar al crédito público y a un endeudamiento que tenga por objeto mejorar las condiciones económicas de las provincias. No alcanzan las grandes obras que se anuncian si la mayoría de los habitantes continúan con salarios por debajo de los niveles de pobreza.
De mantenerse este rumbo, resulta inexplicable el llamado a detener el avance de la derecha económica que se hace desde el gobierno y los sectores afines, cuando se aplican las recetas recesivas de esa misma derecha, mientras la oposición, expresión política de esa derecha que se pretende frenar, sólo se preocupa en discutir candidaturas, esperando que se profundice la crisis para mejorar sus perspectivas electorales”.
