Se trata de la obligatoriedad para quienes se presenten a las licitaciones, o de cualquier modo contraten con organismos de la Administración Pública Provincial, las Municipalidades y Comunas, de efectuar una descripción de los valores que conforman el precio de los bienes y servicios ofertados, debiendo ser rechazadas las ofertas que no contengan la descripción de la “cadena de valor”, y pudiendo ser rescindidos los contratos que no se hayan ajustado a este requisito.
Respecto al proyecto, el diputado Artusi sostuvo que “se trata aquí de procurar algo muy básico: evitar que el Sector Público en sus diversos niveles pague sobreprecios por bienes y servicios, y de igual modo, la descripción de los elementos que conforman el precio final de un producto adquirido por el Estado implica transparencia, y facilitará la investigación del fraude a la administración pública”. Asimismo afirmó que el proyecto apunta a fortalecer la legalidad del gasto público y a brindar pautas éticas para la economía provincial, dada la magnitud que para el sector privado implica la contratación con el Estado.
Artusi consideró que “combatir los sobreprecios puede implicar tener dinero para financiar bienes y servicios básicos que constituyen derechos humanos que deben ser atendidos: alimentación, educación, salud, vivienda; combatir la corrupción es imperativo para la salud del sistema republicano, pero también significa defender la justicia social y la distribución de la riqueza”.
