Mediante la misma se habilita a cualquier habitante de la provincia a que “en el sólo interés de la legalidad” pueda promover esta acción ante el Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se efectúe el debido control de constitucionalidad de la norma que resulte impugnada por el demandante.
Particular relevancia adquiere el proyecto presentado, atento la existencia de numerosos antecedentes de acciones judiciales promovidas con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Provincial, que fueran rechazadas so pretexto de la inexistencia de norma legal reglamentaria.
Ello es así, ya que el dispositivo de las normas de procedimiento contenidas en la Ley 8369 no la contempla, habiendo sido intentada esta acción por ciudadanos y ONGs en numerosas oportunidades, aun cuando tenga sobrados fundamentos, se la rechazó por so pretexto, en algunos casos, de que no está reglamentada, debido a que en el pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, aquellos miembros más receptivos de los avances de nuevas figuras han aceptado al artículo 61º de la Carta provincial como una norma directamente operativa, pero otros, han compartido el criterio reiteradamente sostenido por la Fiscalía de Estado de no acceder a su admisibilidad.
Entendemos que esta nueva herramienta, puesta al alcance de los habitantes de la provincia -expresó en los fundamentos Monge, quien también fue convencional constituyente- “fortalece nuestra democracia, al propiciar la participación popular en la defensa de nuestra Constitución provincial”.
